En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: tensión, angustia y una muerte en medio del ajuste
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atraviesa una profunda crisis laboral tras la decisión del Gobierno de finalizar las contrataciones a través de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA). Esta medida, que afectara a unos 3.000 trabajadores, ha desatado momentos de tensión, episodios violentos y la muerte de un empleado en plena jornada laboral.
En la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona, la incertidumbre se ha instalado como norma. La finalización de los contratos a través de ACARA, un ente que canaliza las relaciones laborales de casi el 50% del personal del ministerio, supone un golpe contundente para miles de trabajadores. Las alternativas planteadas hasta ahora son igual de preocupantes: aceptar la continuidad laboral por la mitad del salario o enfrentar el despido.
El ambiente en el Ministerio se ha tornado cada vez más hostil. Según fuentes consultadas por Nahuel Hidalgo, esta semana se registraron incidentes violentos que incluyeron agresiones físicas hacia trabajadores y el fallecimiento de un trabajador de 68 años, quien sufrió un infarto. Trágicamente, el desfibrilador del Ministerio, equipo obligatorio en las dependencias laborales, no funcionó, dejando en evidencia la falta de recursos y medidas de seguridad.
Desde hace meses, el Ejecutivo viene amenazando con el desmantelamiento de las contrataciones a través de ACARA, aunque hasta ahora nadie se había atrevido a concretar la medida debido a los intereses económicos en juego. Esta modalidad de contratación, vigente desde la época de Ricardo Alfonsín, permite al Ministerio de Justicia manejar fondos fuera del Presupuesto Nacional y sin control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que ha sido cuestionado por su discrecionalidad.
En 2018, durante el Gobierno de Cambiemos, se intentó desactivar este esquema, pero la presión y la defensa de la “caja paralela” llevaron a los ministros de aquel entonces, Nicolás Dujovne y Germán Garavano, a dar marcha atrás. ACARA ha funcionado históricamente como un mecanismo para contratar personal, pagar incentivos y cubrir gastos diversos, financiados a través de la recaudación de trámites automotor, aunque esa fuente de ingresos ha disminuido con los años.
La posibilidad de una incorporación parcial al sistema público está siendo evaluada como una salida, aunque las condiciones son precarias: los trabajadores perderían su antigüedad y se les ofrecerían contratos temporales bajo el artículo 9, lo que, según las fuentes, no garantiza la estabilidad laboral y solo pospone los despidos para diciembre.
La angustia y la desesperación han llevado a consecuencias trágicas. Además del reciente infarto, se conoció la noticia de dos suicidios relacionados con la incertidumbre laboral. Este martes, una marcha convocada por ATE Capital reunió a trabajadores despedidos y afectados, quienes exigen soluciones y apoyo de la sociedad. Una empleada despedida expresó: “Nos avisaron que vamos a ser despedidos, y con suerte alguno quedará con contratos basura. Los puestos de laburo se defienden y como población, les pido nos acompañen”. Esta trabajora fue despedida a penas asumió esta gestión, fue reincorporada por la lucha de ATE y con el cierre de ACARA esta siendo despedida de nuevo.
La situación sigue siendo crítica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras el Gobierno se prepara para anunciar oficialmente el fin de las contrataciones a través de ACARA, dejando en vilo a miles de trabajadores que, hasta hoy, son quienes acompañan y asisten a la ciudadanía en sus trámites y consultas.
