A poco más de un año del crimen de Lautaro Morello y desaparición de Lucas Escalante, imputaron a un sacerdote por «encubrimiento» en el marco de la causa que investiga lo ocurrido a los dos jóvenes que habían sido vistos por última vez en Varela, luego del triunfo de Argentina ante Países Bajos en el Mundial de Qatar en 2022.
Se trata del cura Fernando Papa, actual vicario de la iglesia Nuestra Señora del Huerto, de Solano, quien había sido capellán de la Policía bonaerense. Quedó imputado sin prisión preventiva a pedido del fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, a cargo la investigación.
Papa fue notificado de la imputación de «encubrimiento» por la desaparición de Escalante, de 26 años, y la muerte Morello, que tenía 18 años y su cadáver fue hallado semi quemado cerca de una zona en construcción en Guernica, en diciembre de 2022.
El pedido realizado por el Dr. Ichazo se produjo después de que la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) allanara las oficinas de la iglesia que el sospechoso conduce y luego de que Papa declarara como testigo y reconociera prestarle su teléfono celular al comisario mayor Francisco Centurión, uno de los principales acusados del crimen junto a su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano Centurión.
La relación entre Papa y la familia Centurión era «muy estrecha». También dejaron trascender que el cura que enfrenta el cargo por encubrir el hecho -que prevé entre seis meses a tres años de cárcel- fue capellán de la Policía Bonaerense hasta que sufrió la amputación de una pierna.
Al cura le secuestraron su celular que le prestó para comunicarse con su secretario privado, así como su auto, que le habría prestado durante varios días al policía acusado de usufructuar en su beneficio los vales de nafta para los patrulleros.
Piden juicio para los principales imputados
El fiscal Ichazo pidió la elevación a juicio para los primos Cristián y Maximiliano Centurión, principales acusados, y planteó como posible hipótesis que el comisario pudo haber asesinado a una de las víctimas para lograr la impunidad de su hijo y su sobrino.
Francisco Coco Centurión fue jefe de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes y enlace entre la Policía Bonaerense e Interpol; fue jefe de la Comisaría Quilmes 9ª, durante 2014, y durante un allanamiento de la PFA recibió un disparo en su pierna cuando quiso darse a la fuga, en julio.
El Poder Judicial sospecha que el jefe policial era el responsable de darle los vales de nafta -de la fuerza de seguridad provincial- a Cristian y él se los habría ofrecido a las víctimas para atraerlos. Se cree que habría sido cómplice en la privación de la libertad de Escalante, que continúa desaparecido.
