La discapacidad está en emergencia. Un nuevo decreto pone en jaque al sector y vulnera derechos adquiridos. Este miércoles, frente a la quinta presidencial, con una importante columna de Quilmes, Berazategui y Varela, se llevó a cabo una masiva movilización encabezada por el Foro Permanente de Discapacidad, entidades y asociaciones que agrupan a instituciones, Centros de Día, Colegios de la modalidad especial, Profesionales, y familias intentando frenar la arremetida oficial que ya cuenta con dictamen firmado el 24 de mayo por la Secretaría Legal y Técnica. El Proyecto de Decreto N°/O 25 consigna:
“Se determina que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Ahora sólo falta la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del titular del PEN, Javier Milei.
De esta manera, el Gobierno y el organismo encargado del área, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejaría a las Escuelas Especiales, Centros de Días, Transportistas, Profesionales Médicos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, Terapeutas, entre otros, enfrentados con las obras sociales que pagarían según su voluntad, no abonando honorarios nomenclados, ni lo que corresponde, ni respetando los plazos de pago; lo que en definitiva afecta de forma directa a las personas con discapacidad que se quedaría de esta forma sin escolaridad, atención ni asistencia.
Por lo expuesto, y tal cual consigna el Decreto, significaría que las obras sociales no estarán más obligadas a cubrir con la totalidad del 100% las prestaciones citadas como las relacionadas a la atención médica (medicación, insumos etc.), lo que implica una vulneración total de derechos adquiridos y retrotrayendo beneficios históricos obtenidos en defensa, contención profesional y emocional y protección legal de las personas con discapacidad. La situación es grave, angustiante y de alarma para la comunidad ya que si este decreto avanza, será muy difícil que las Escuelas Especiales Privadas, Centros de Día y profesionales puedan seguir funcionando, llevando a las instituciones al cierre definitivo y al desamparo de las personas con discapacidad.
La solidaridad: