Gabriel Berrozpe denunció ante el fuero Federal el accionar brutal, ilegítimo e inconstitucional de efectivos de la Policía Federal y de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en su carácter de autoridad responsable del plan de represión sistemático desatado contra las marchas de los jubilados, los que constituyen delitos de acción pública por fuera del marco normativo que regula el uso de la fuerza.
María Sol Bruera, Gabriel y Guillermo Berrozpe sufrieron ese accionar el 26 de febrero cuando en la Plaza de Congreso se llevó adelante la regular marcha pacífica de Jubilados y despedidos de cada miércoles a las 18, en reclamo a las políticas de brutal ajuste a los jubilados.
La abogada Bruera fue agredida sin motivo con un palo, por detrás, por personal policial. Sus acompañantes Gabriel y Guillermo Berrozpe, tras ser marcado el primero por su apellido (“llévense a Berrozpe”, dijeron) fueron agredidos y privados de manera ilegítima de su libertad ambulatoria por las fuerzas policiales, golpeados, gaseados, apremiados durante seis horas y encausados sin orden judicial. Esto ocurrió a pesar de haber observado las indicaciones de las fuerzas policiales.
El equipo de la Comisión Bonaerense por la Memoria, solicitó al personal policial actuante, y aquellos que se encontraban supervisando, que depusieran de inmediato esa forma peligrosa de reducir a los detenidos ante eventuales lesiones que podrían producir.
Los efectivos continuaron con su sádico ensañamiento, haciendo caso omiso a los pedidos de la gente, continuaron agrediendo a quienes se encontraban maniatados, golpeados, enceguecidos y con la piel irritada producto del gas pimienta que les habían arrojado, e incluso en el caso de Guillermo B. forzando la apertura de sus ojos.
Berrozpe señaló que los graves hechos del 12 de marzo nos señalaron que es necesario hacer esta denuncia presentando testimonios.
El doloroso caso de Pablo Grillo, con quien nos solidarizamos, nos exime de otros comentarios.
Por ello es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La justicia debe actuar sin demora: la vida de los ciudadanos está en riesgo, por el sólo hecho de hacer uso del derecho constitucional a manifestarse.