La política criminal y el encierro siguen produciendo graves violaciones a los derechos humanos
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su 20° Informe Anual, El sistema de la crueldad XX, que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. El trabajo denuncia las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en un sistema penal que crece y se endurece año tras año, la grave crisis de las políticas de niñez y los déficits de las políticas de salud mental. Hoy la Provincia tiene casi el doble de personas detenidas en el sistema penal de adultos que hace 10 años y la tortura sigue siendo una práctica sistemática en los lugares de encierro y el despliegue de las fuerzas de seguridad sin que se implementen políticas destinadas a revertirla. Durante el 2025, la CPM registró 91.833 hechos de torturas y otras violaciones de derechos, el 16% de ese total fueron hechos de negación o restricción de acceso a la justicia. También se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la cantidad de menores de 16 años detenidos. A esto se suma la emergencia de las nuevas patrullas municipales que actúan como cuerpos policiales, que detienen y usan armas sin estar legalmente habilitados, para echar de los centros urbanos a las personas que viven o trabajan en la calle.
Con la presencia de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y la participación del presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Juan Irrazabal y la presidenta de Víctimas por la Paz Diana Márquez, la Comisión Provincial por la Memoria presenta este jueves 20 de agosto a las 18 horas el Informe Anual 2026-El sistema de la crueldad XX. El acto se realiza en la sala 203 del segundo subsuelo del edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del organismo.
Desde hace por lo menos 30 años, todos los gobiernos sin distinción política, respondieron a las demandas de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Lejos de solucionar el problema estas políticas de mano dura sólo fueron horadando el rol del Estado como garante y protector de derechos. A pesar del rotundo fracaso, la demagogia punitiva goza de buena salud: salvo excepciones, el poder judicial y político se niega a revisar y transformar la política criminal y así naturaliza y convalida las graves violaciones a los derechos humanos.
“Las llamadas ‘políticas de seguridad’ no son un problema técnico ni de diseño sino uno de los instrumentos de legitimación de la desigualdad en tanto criminaliza la pobreza, la expone y la reduce a un problema del sistema penal”, señala la Comisión Provincial por la Memoria en la introducción de su 20° informe anual.
El riguroso y preocupante diagnóstico de la política criminal en la provincia de Buenos Aires que se presenta en este informe es el resultado de las tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, las políticas de seguridad, niñez y justicia que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conforme lo establece la ley nacional 26.827.
Durante el 2025, la CPM realizó 785 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas; más de 54.500 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal que denunciaron al menos 91.833 hechos de torturas, malos tratos y otras vulneraciones a los derechos humanos, de las cuales un 16% del total fueron hechos de negación de acceso a la justicia.
La provincia de Buenos Aires tiene el sistema de encierro más grande del país: a diciembre de 2025, había 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico contra 61.810 del año anterior. La cantidad de personas detenidas crece interanualmente cerca del 5% y hoy tiene casi el doble de personas detenidas que hace 10 años. La tasa de encarcelamiento en la provincia duplica la tasa mundial.
Esa cantidad de detenciones colapsan el sistema de encierro: la sobrepoblación produce hacinamiento y genera condiciones de vida inhumanas. A diciembre de 2025, la sobrepoblación en cárceles y alcaidías era del 116%, 10 % más que el año anterior. En estas condiciones el encierro agrava la salud de las personas y aumenta el riesgo de muerte: durante el último año se produjeron 224 muertes en cárceles y alcaidías, de ese total 203 (9 de cada 10) fueron por problemas de salud no asisistidos.
En cambio en comisarías la sobrepoblación llegó al 20%: el significativo descenso de las personas detenidas en dependencias policiales comenzó en 2020 y es consecuencia del trabajo interinstitucional realizado en el marco del Tribunal de Casación provincial, la Autoridad de Implementación y seguimiento del Programa de cumplimiento de sentencia (APCS) creado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA), y las reuniones de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictaron medidas cautelares sobre comisarías. Pese a la reducción de la cantidad de personas, las condiciones de alojamiento en estos lugares siguen siendo extremas y críticas, y en el último año se registraron 12 muertes en dependencias policiales.
La prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de medidas morigeratorias a la prisión son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. A diciembre de 2025, el 47% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías estaban detenidas sin condena firme, es decir, siendo inocentes para la justicia. En el caso de las mujeres (56 %) y personas trans (53 %) es peor aún. La cantidad de personas detenidas con condena firme viene aumentado año a año, sin embargo esto se explica por el aumento del juicio abreviado que acelera los tiempos de la condena en detrimento de las garantías y derechos procesales: hoy 9 de cada 10 causas se resuelven por este medio. En el otro extremo, desmintiendo el mediático relato de la “puerta giratoria”, la justicia niega 8 de cada 10 pedidos de morigeración de la pena.
El endurecimiento del sistema encierro tiene su correlato en el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios: en los últimos años, la aparición de las nuevas patrullas municipales se conjugan con la policía bonaerense para reforzar el paradigma securitario del espacio público. Por fuera de todo marco legal, estas patrullas se arrogan funciones policiales para cumplir lo que parece su misión: echar de los centros urbanos a las personas que viven o trabajan en la calle, consolidando la guetización o segregación territorial de estos grupos.
Durante el último año, también aumentaron los casos de uso letal de la fuerza, fueron 141, una muerte cada 60 horas. La mayoría, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad pero fuera de servicio defendiendo bienes propios; en 17 de esos casos se trató de policías que mataron mientras trabajaban como choferes de aplicaciones de viaje. Además se registraron 18 muertes durante el momento de la aprehensión.
Esa política transversal de endurecimiento del sistema penal, se materializó en la baja de edad de punibilidad sancionada recientemente por el Congreso Nacional, a pesar de la falta de información y estadísticas confiables que ameriten esa regresión en la materia. Contrariamente a los discursos que circularon, en los últimos años la cantidad de jóvenes imputados en la provincia de Buenos Aires se redujo considerablemente, sin embargo la cantidad de jóvenes detenidos en centros cerrados se mantuvo constante. También es mentira, que los menores de 16 años que cometen delitos graves no están detenidos: durante el 2025, 842 niños y jóvenes privados de libertad ingresaron a centros de detención. 168 tenían 15 años o menos: un 20% del total. Mientras se consolida el abordaje desde el sistema penal, las políticas de niñez están en una situación crítica, sin recursos ni un proyecto institucional que garantice sus derechos y haga cumplir la legislación vigente.
Con relación a las políticas de salud mental, en la provincia de Buenos Aires se destaca el paulatino descenso de personas alojadas en los manicomios. Sin embargo, es sólo una parte del problema: la gran mayoría de las personas con problemas de adicciones y de salud mental son internadas en clínicas neuropsiquiátricas o comunidades terapéuticas, muchas de ellas funcionan con habilitaciones obsoletas o directamente en la clandestinidad. Los controles del Ministerio de Salud provincial, que debe fiscalizar estos lugares, resultan insuficientes. Tampoco la justicia controla las condiciones en que se cumplen las internaciones que los mismos funcionarios judiciales ordenan.
Los argumentos para sostener esta política criminal que viola los derechos humanos se construye sobre argumentos falaces y sin sustento en estadísticas. Un dato confirma esto: los homicidios en ocasión de robo en Argentina son 2 cada 100.000 habitantes mientras que la tasa de muertes en accidentes viales asciende a 7,7 y la de suicidios, 11. “Si lo que se quiere es asegurar la vida de las personas y bajar las muertes violentas deben implementarse políticas que hoy son casi inexistentes o presentan grandes falencias”, sentencia el informe.
Como cada año, la Comisión Provincial por la Memoria presenta este trabajo como un aporte a la discusión pública sobre los derechos humanos y la construcción de un proyecto que ponga la dignidad de las mayorías por encima de las pretensiones de los sectores de poder que exacerban la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerables.