Por Oscar Coronel – Secretario General SIVEP
Desde el Sindicato de Vendedores de Espacios Públicos (SIVEP), denunciamos que el operativo de decomiso de mercadería ejecutado por el Gobierno de la Ciudad en el barrio de Once constituye una vulneración directa de la jerarquía legal vigente. Este acto de violencia institucional atropella el Derecho al trabajo y a comerciar (Arts. 14 y 14 bis CN) y el Derecho a la propiedad (Art. 17 CN) mediante la confiscación de herramientas de subsistencia sin sentencia judicial. La gravedad institucional es extrema: el Gobierno que otorga las autorizaciones para ejercer la actividad es quien hoy reprime y arrebata los elementos de trabajo a nuestros afiliados, desconociendo sus propios actos administrativos en medio de una crisis económica asfixiante que azota al país.
Resulta incomprensible e ilegal que el Estado municipal actúe de forma contradictoria, otorgando permisos para luego ejecutar persecuciones que ignoran el Interés Superior del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño, Arts. 3 y 19), sometiendo a menores a situaciones de violencia estatal y despojo material. Al privar a una familia de su sustento, se incumple el mandato de Protección Integral de la Familia y el Artículo 43 de la Constitución de la Ciudad, que obliga a proteger el trabajo en todas sus formas y compensar las desigualdades. Ninguna normativa contravencional menor puede estar por encima de estos derechos de jerarquía superior.
Ante este atropello sistemático y la falta de garantías jurídicas para quienes cuentan con sus papeles en regla, el SIVEP se declara en estado de alerta y movilización. No permitiremos que se criminalice el esfuerzo de los trabajadores de la calle ni que se sigan destruyendo puestos de trabajo bajo el falso pretexto del ordenamiento urbano. Exigimos el cese inmediato de la represión y la restitución de la mercadería sustraída.