El juez federal Luis Armella abrió 75 causas penales por extorsión a beneficiarios de planes sociales, tras numerosas denuncias anónimas y pruebas obtenidas en allanamientos a domicilios, sedes y comedores.
Armella, único juez federal de la zona, había sido descubierto con un entramado de empresas integrada por sus familiares que se dedicaban a cobrar contratos estatales. Zafó por negociaciones políticas. Ese es el representante del Poder que dice que hará Justicia.
Los oportunos anónimos que toma para la causa apuntan a dirigentes de organizaciones sociales que, presumen, habrían amenazado con la suspensión de los beneficios a quienes no cumplieran con ciertas exigencias.
Las investigaciones se originaron a partir de una causa mayor, a instancias del gobierno nacional, iniciada en el Juzgado Criminal Federal 8 de CABA, donde se recibieron múltiples denuncias a través de la línea 134. Los allanamientos en domicilios y sedes de organizaciones en Quilmes han permitido reunir pruebas, dicen.
Según los anónimos, los beneficiarios habrían sido coaccionados a participar en movilizaciones, entregar parte del dinero que recibían o cumplir con otras condiciones. Esto habría generado un clima de temor y vulnerabilidad entre los beneficiarios.
La respuesta en algunas organizaciones sociales incluye que «cuando los sindicatos cobran los descuentos que reciben por recibos de sueldo, nadie dice nada».
Armella ha solicitado medidas cautelares, allanamientos y embargos, en pos de determinar responsabilidades y recuperar esos fondos públicos.
La familia Armella nunca devolvió el dinero público que cobró por la limpieza del Riachuelo.
Un juez q delinque ya deja de tener valor sus investigaciones.. mucho más su palabra.
Sus cargos no pueden ser vitalicios, hay q removerlos del cargo, y q vayan a laburar