Por Bruno Germán Souto
En mi calidad Secretario General de la Unión de Trabajadores de Registro Automotor y Afines, me veo en la obligación de manifestar mi profunda preocupación y disconformidad con la Disposición 74/2025, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, que promueve la digitalización de los trámites y la inscripción de vehículos cero kilómetros de manera remota. Esta medida, lejos de representar un avance, pone en riesgo la seguridad jurídica, la eficiencia operativa y la transparencia del sistema registral automotor. A continuación, expongo los argumentos que sustentan mi postura.
1) Capacidad Operativa y Control de Trámites:
Los registros seccionales del automotor han demostrado una histórica eficiencia notable en el procesamiento de solicitudes de trámites, con un promedio de menos de 24 horas para la mayoría de los trámites, gracias a un exhaustivo control de la documentación ingresada. Sin embargo, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor no cuenta con la infraestructura ni el personal suficiente para manejar el volumen masivo de trámites que ingresarían a diario bajo un sistema remoto. ¿Quién garantiza que miles de solicitudes sean revisadas y validadas en menos de 24 horas? ¿Realizará un control posterior a la inscripción, exponiendo a los usuarios a posibles irregularidades? La capacidad operativa de los miles de registros seccionales distribuidos en el país no puede ser reemplazada por un sistema centralizado que carece de los recursos para garantizar la misma eficiencia y seguridad.
2) Seguridad Jurídica y Vulnerabilidad del Sistema:
La digitalización total de los trámites automotores plantea un grave riesgo para la seguridad jurídica. Basta recordar los recientes incidentes de ciberseguridad en Argentina, como el hackeo al servidor del RENAPER y la filtración de datos de las licencias de conducir, para entender que un sistema remoto es muy vulnerable a ataques informáticos. La inscripción de vehículos implica la manipulación de datos sensibles y documentos legales, cuya integridad debe ser resguardada. Confiar en un sistema digital sin las garantías necesarias es menoscabar la confianza en el sistema registral y exponer a los ciudadanos a fraudes y usurpaciones de identidad.
3) Impacto en los Registros Seccionales y el Empleo:
La medida de digitalización se enmarca en una política de cierre indiscriminado de registros seccionales, impulsada por el gobierno de Javier Milei y ejecutada por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Estos cierres no sólo sobrecargan a los registros operativos, sino que dejan sin trabajo a miles de empleados y mandatarios del automotor, afectando a sus familias y a las economías locales. Los registros seccionales no generan gastos al Estado, ya que se autosustentan con los aranceles de los trámites y aportan un porcentaje significativo de sus ingresos a la caja del Ministerio de Justicia. La supuesta «eliminación de gasto público» es una falacia que oculta el verdadero impacto social y económico de estas medidas.
4) Falsa Promesa de Alivio Financiero:
La disposición argumenta que la digitalización traerá un «alivio financiero» para los usuarios. Sin embargo, esta afirmación no resiste el menor análisis. Los precios de los trámites son fijados por A.C.A.R.A., la entidad que, junto con la Dirección Nacional de los Registros, tendrá a su cargo las inscripciones iniciales de los automotores. Esto genera un claro conflicto de intereses, ya que A.C.A.R.A. no tiene incentivos para reducir costos, todo lo contrario. Los usuarios, lejos de beneficiarse, podrían enfrentar incrementos en los aranceles y una disminución en la calidad del servicio.
Conclusión
La Disposición 74/2025 representa un retroceso en la gestión del sistema registral automotor argentino. Lejos de modernizar y agilizar los trámites, pone en riesgo la seguridad jurídica, la eficiencia operativa y el empleo de miles de personas. Los registros seccionales han demostrado ser un pilar fundamental del sistema, garantizando un servicio ágil, transparente y seguro. Su cierre y reemplazo por un sistema digital centralizado no sólo carece de justificación, sino que también atenta contra los intereses de los ciudadanos y del Estado.
Es imperativo que las autoridades reconsideren esta medida y prioricen un enfoque que combine la modernización tecnológica con el fortalecimiento de los registros seccionales, garantizando la seguridad, la transparencia y el bienestar de todos los actores involucrados.
- Secretario General de la Unión de Trabajadores de Registro Automotor y Afines (U.T.R.A.Y.A.)
Ex empleada de un registro 100 porciento en tu exelente comentario (agrego) la misma gente está asustada como realizar los trámites no tienen medios ni idea como hacerlo
Es un despropósito lo que quieren imponer con ésta reglamentación, se piensan que con eso bajan los costos? De qué? Si ARBA/AFIP/o como se llame van a dejar de cobrar impuesto x arte de magia? Eso está por ley y para sacarlo hace falta otra ley. Cuando van a entender que los Registros son los que contribuyen con su giro mensual a mantener parte del Ministerio de Justicia. Por favorrrrr