La nota nacional de Alberto Moya en la web de Horacio Verbitsky:
MU con información de la agencia NA
La concejala Eva Mieri podría ser trasladada al penal de Ezeiza. La jueza Arroyo Salgado excarceló a tres de las cuatro detenidas por el escrache a Espert.
El Juzgado Federal 1 de San Isidro ordenó hoy la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes se encontraban detenidos en el marco de una causa por el escrache en la casa del diputado José Luis Espert.
La intendente Mayra Mendoza posteó:
“Liberaron a Iván y Aldana. La única que queda detenida es Eva, a quien trasladaron al penal de Ezeiza. TODO lo que siguen haciendo es una locura! LIBEREN YA A LA COMPAÑERA. Fuerza negra”.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Alexia Abaigar, otra de las imputadas, ya se encuentra en su domicilio.
En su publicación, la organización no gubernamental aseguró que la causa “no es consistente” y cuestionó la continuidad de la prisión preventiva de la concejal quilmeña Eva Mieri, cuya solicitud de medidas alternativas fue rechazada por el Juzgado.
Los argumentos utilizados para mantener a Mieri detenida fueron calificados como “legales pero equivocados” por el CELS, quien denunció que “el aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política”.
La causa judicial se abrió a raíz de una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en el partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense, donde los implicados arrojaron estiércol sobre la vereda.
Las detenciones y la prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
Un manual contra los opositores© Redes sociales
(P/12) La jueza federal Sandra Arroyo Salgado excarceló ayer a tres de las personas detenidas por el escrache con bosta en la casa del diputado libertario José Luis Espert, aunque rechazó el pedido de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, invocando el presunto “riesgo procesal” que implicaría liberarla. Actuó “bajo argumentos legales equivocados”, destacó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e insistió en que “el aparato punitivo del Estado está volcado a perseguir una acción política”. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner exigió la liberación de todos los militantes y le recordó a Javier Milei cuando aplaudió y calificó de “hermosa iniciativa” a la acción de los “chalecos amarillos” tirando toneladas de bosta en oficinas de impuestos de Francia. “Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”, reclamó.
La magistrada de San Isidro ordenó el viernes la liberación bajo caución de Candelaria Montes Caté, y ayer las de Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, las tres personas detenidas por el pasacalle y la bosta en la vereda de la casa de Espert en Beccar, partido de San Isidro, en el norte del Conurbano bonaerense.
En el caso de Mieri, en cambio, Arroyo Salgado dispuso que siga detenida mientras instruye la investigación. Acusa a la concejala de los delitos de atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, en concurso ideal con malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley. En concreto, la responsabiliza de haber ido hasta Beccar con una camioneta del municipio que conduce Mayra Mendoza, y de haber tapado parte de la chapa patente para que no sea identificada.
Para la jueza, Mieri “habría tomado parte cuanto menos en forma transitoria de una agrupación de personas” que tendría como objetivo “alarmar y/o amedrentar” a Espert –con una larga lista de dichos violentos y odiantes contra los opositores–, con el fin de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor, a la par de condicionar la actuación funcional y actividad política del mentado Diputado Nacional, alentando o incitando con ello a su persecución u odio a causa de sus ideas políticas”.
La defensa de Mieri había reclamado su excarcelación invocando que tiene inmunidad de arresto por ser concejal, que no tiene procesos penales ni fue condenada jamás por ningún delito, y que su libertad no implica ningún riesgo para la investigación. Arroyo Salgado, en cambio, aclaró que los concejales pueden ser detenidos por orden judicial, justificó la prisión porque la pena por los delitos que le imputa oscilan entre tres y 14 años de prisión, y por considerar que, “en caso de recuperar la libertad, la imputada podría eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación”. Mieri sería trasladada al penal de máxima seguridad de Ezeiza, donde hasta el viernes estuvo alojada Alexia Abaigar, a quien la jueza le otorgó el arresto domiciliario por razones de salud.
Cristina Kirchner reclamó ayer las liberaciones y recordó cuando el actual presidente aplaudía acciones similares aunque de dimensiones mucho mayores. “Che Milei… “Libertario” de los ricos! ¿Te acordás cuando posteabas la foto de los manifestantes franceses, identificados como “los chalecos amarillos”, tirando camiones de bosta en las oficinas públicas de Francia y decías, textualmente… “HERMOSA INICIATIVA”?”, planteó. “Fijate hermano y borrá el posteo… porque con los manuales de procedimiento de Bullrich y Arroyo Salgado, te van a meter en cana por apología del delito”, le advirtió. En una post data, completó: “Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”.
En la misma línea, se expresó Mayra Mendoza. “Liberaron a Iván y Aldana. La única que queda detenida es Eva, a quien trasladaron al penal de Ezeiza. Todo lo que siguen haciendo es una locura! Liberen ya a la compañera. Eva Mieri es rehén de Bullrich, Milei y Arroyo Salgado. Fuerza Negra”, publicó la jefa comunal.
El CELS indicó que “la causa no es consistente» y que se rechazaron «medidas alternativas a la prisión preventiva de la concejal Eva Mieri, bajo argumentos legales equivocados”. “El aparato punitivo del Estado está volcado a perseguir una acción política”, denunció.
“La acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie. La calificación legal en la que avanzó el Juzgado es forzada y desproporcionada”, evaluó el CELS. Completó el organismo:
“La decisión de encarcelar personas solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de lxs acusadxs”.