Una ex funcionaria del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), domiciliada en Quilmes, y otra ex directiva de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fueron detenidas por orden del juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación por las 90 muertes atribuidas al fentanilo contaminado elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
Una de las mujeres fue arrestada en Vicente López, mientras que la ex funcionaria radicada en Quilmes se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial para quedar a disposición. Ambos procedimientos se concretaron en el marco del avance de la causa que investiga las responsabilidades por la distribución del medicamento adulterado.
A pedido de la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta, y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, fueron detenidas dos ex funcionarias que estuvieron al frente de la ANMAT y el INAME en el marco de la causa que investiga la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado, que provocó 90 muertes y dejó otras 41 personas lesionadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las exautoridades habrían omitido actuar pese a conocer las graves irregularidades detectadas en los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, donde se elaboró el medicamento. Los investigadores sostienen que esa inacción permitió que el fentanilo adulterado continuara siendo distribuido y utilizado, a pesar del riesgo que representaba para la salud pública.
La investigación determinó que los organismos de control habían detectado importantes deficiencias en los procesos de fabricación y calidad de los laboratorios, pero no adoptaron medidas preventivas como el retiro de los lotes, la prohibición de su comercialización o la emisión de alertas sanitarias. Para los fiscales, una intervención oportuna podría haber evitado la circulación del producto contaminado.
Las detenidas serán indagadas por delitos vinculados a la producción y distribución de medicamentos peligrosos, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en una de las mayores tragedias sanitarias registradas en el país.