
Por Mariano Bukcovac
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora ordenó la paralización inmediata de los trabajos de ensanche del canal de navegación y la modernización del muelle que llevaba adelante la empresa Exolgan S.A. en el puerto. La medida cautelar responde a la demanda entablada por los municipios de Quilmes y Lanús, que exigen la creación de un Fondo de Reparación Histórica por el daño que el tránsito pesado genera sobre sus calles. Los trabajos frenados buscaban duplicar la capacidad operativa del puerto para permitir el ingreso de buques Neo Panamax, lo que según las comunas iba a colapsar aún más los accesos locales.
«Quienes toman las decisiones en el Puerto de Dock Sud son los dueños de EXOLGAN, generando ingresos millonarios para las empresas mientras los municipios soportamos el daño de la infraestructura»
Julián Álvarez, intendente de Lanús

La Corte provincial rechazó el planteo de las empresas logísticas
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia resolvió que la causa por daños y perjuicios continúe en el fuero Civil y Comercial ordinario. De esta manera, el máximo tribunal provincial rechazó las maniobras del Consorcio de Gestión del Puerto y de las firmas operadoras logísticas que pretendían mudar el expediente al fuero Contencioso Administrativo para dilatar el proceso. La decisión habilita a avanzar con las pericias contables sobre un listado de gigantes corporativos que incluye a Exolgan S.A., Raízen S.A., Loginter S.A., Blinki S.A., Antivari S.A. y DAPSA.
«Nuestro reclamo es que se considere el daño que hacen a nuestras calles, cableados, obras hidráulicas y hasta viviendas el paso de los camiones de toneladas mayores a las permitidas»
Mayra Mendoza
El conflicto regional escala hacia la Corte Suprema
La disputa por los recursos portuarios transformó un reclamo de infraestructura urbana en una encendida discusión política en la tercera sección electoral. Mientras el municipio de Avellaneda defiende la actividad de la terminal, Quilmes y Lanús lograron votaciones unánimes en sus respectivos Concejos Deliberantes para repudiar el centralismo de los fondos logísticos. Tras idas y vueltas sobre qué juzgado debía intervenir en el expediente, el conflicto por el impacto de la ampliación de la terminal se encamina a ser dirimido de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«El Puerto de Dock Sud moviliza el 95% de la carga contenerizada de la provincia de Buenos Aires, y no es viable sostener un esquema donde las ganancias se privatizan mientras Quilmes y Lanús absorben el costo del asfalto destruido»
Rubén Di Blasi, del equipo técnico interjurisdiccional
