El anuncio del cierre del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental, ha generado una ola de indignación y preocupación, entre los trabajadores del centro de salud, de la comunidad de profesionales de la salud y la ciudadanía en general. El argumento oficial del Ministerio de Salud, que justifica el cierre por una presunta baja ocupación y un presupuesto que consideran desproporcionado, no se sostiene cuando se contrastan los hechos. La realidad es que, mientras el gobierno habla de solo 30 pacientes internados, los trabajadores aseguran que más de mil personas reciben atención en este centro.
Cerrar un hospital especializado en salud mental en el contexto actual de crisis sanitaria y económica es una medida desacertada, y una afrenta a los derechos más básicos del pueblo. En un país donde los trastornos mentales afectan a un porcentaje creciente de la población, la clausura del Bonaparte implicará la desatención de sus pacientes actuales, y envia un mensaje claro: la salud mental no es una prioridad para este gobierno.
Es imperativo recordar que la salud mental no es un lujo, sino una necesidad. El Bonaparte no es simplemente una institución de “baja ocupación”, como lo señala el Ministerio. Es un refugio para miles de personas que han encontrado en sus profesionales una respuesta a sus padecimientos. ¿Cómo puede sostenerse que 16.800 millones de pesos al año son un gasto excesivo cuando se trata de la vida y bienestar de tantas personas? En lugar de pensar en el presupuesto como una carga, debería verse como una inversión en la salud integral de la sociedad.
Además, la falta de transparencia en el anuncio del cierre es alarmante. Los trabajadores fueron notificados sin ninguna claridad sobre el futuro de los pacientes ni de sus empleos, mientras que las supuestas alternativas de traslado a otras instituciones son vagas e insuficientes. Este es un ataque contra los derechos de los pacientes, y contra la estabilidad laboral de los profesionales que los atienden.
Lo más preocupante es la indiferencia del Ministerio de Salud frente a las complejidades del tratamiento de la salud mental. No se trata solo de mover cuerpos de un lugar a otro. Los pacientes que reciben atención en el Bonaparte no son simples cifras, y su tratamiento no puede reducirse a una mera cuestión logística. Cambiar el entorno, los profesionales y la estructura de atención puede generar un daño irreparable en su recuperación.
La respuesta de los trabajadores del hospital, quienes consideran tomar el edificio en defensa de la salud pública, es una señal de que las autoridades no están comprendiendo la magnitud del problema. Este no es un conflicto que pueda resolverse con números o planillas de Excel, sino con sensibilidad, compromiso y una verdadera comprensión de la importancia de la salud mental en nuestra sociedad.
El cierre del Bonaparte, lejos de ser un proceso de «normalización», como lo ha denominado el gobierno, es un retroceso para la salud pública en Argentina. Es el tipo de medida que revela las prioridades de quienes nos gobiernan y que, lamentablemente, no parecen estar del lado de los más vulnerables. Hoy más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de los derechos de los pacientes, de los profesionales y de una salud pública inclusiva y accesible.