En una reciente decisión judicial, la Justicia Federal ha ordenado al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que benefician a los comedores y espacios comunitarios. Esta medida surge en respuesta a una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
El juez Walter Lara Correa dictaminó que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación no puede depender únicamente de la transferencia directa de ingresos a las familias. Según el magistrado, es esencial la articulación y coordinación de diversos planes y programas con las provincias y municipios. Entre los programas afectados se encuentran el Plan Argentina contra el Hambre, el Programa Nacional Alimentar Comunidad y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La medida cautelar había sido también solicitada por la Defensoría Pública Oficial Federal, representada por Florencia Plazas, en defensa de los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada debido a las acciones del ministerio encabezado por Sandra Pettovello.
Desde diciembre pasado, la interrupción en la entrega de mercadería a los comedores y merenderos comunitarios ha exacerbado la crisis alimentaria, agravada por la situación económica y social. En febrero, la UTEP y el CELS presentaron un amparo colectivo solicitando una medida cautelar urgente para garantizar el acceso a alimentos de calidad y en cantidad suficiente en estos espacios.
La decisión judicial demuestra que las políticas de transferencia directa de ingresos no son suficientes para abordar de manera integral la problemática de la alimentación, ni para mitigar los efectos de la recesión en el ámbito laboral. Este aspecto fue destacado en el segundo informe de la mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados.
La medida judicial representa un avance para asegurar la ejecución de las partidas presupuestarias y los fondos otorgados por el PNUD. Aún queda pendiente una sentencia que obligue al Estado a cumplir de manera continua y permanente con las políticas alimentarias establecidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642.
El gobierno deberá entregar los alimentos a los comedores y espacios comunitarios, garantizando así el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.