Foto: En primera fila, Pedro Luis Nadal García, 79° nieto recuperado. Atrás, Polaco Rubén Schell, sobreviviente del Pozo de Q.
El Poder Judicial dicta veredicto en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigada de Policía de Quilmes, el Pozo de Banfield y El Infierno, de Avellaneda.
Varios vecinos de Quilmes y Berazategui fueron víctimas allí (algunos sobrevivieron, otros permanecen desaparecidos) y sus nombres fueron leídos en la audiencia de este martes 26: Nelfa Suárez (Ezpeleta), Omar Suárez, Alcides Chiessa, Urbano Ciavaglia, Armando Dionisi, Carmen Alburúa, Isabela Valenzi, Francisco Virgilio Gutiérrez (Quilmes), Pedro Nadal García, Manuel Coley Robles, Alicia Lisso, Jorge Guidi, Raúl Bonafini, Héctor Klosowski, Luis Jaramillo, Blanca Ortiz de Murúa (Berazategui), Néstor Zurita (Varela), entre muchísimos más.
Por estos casos son juzgados el ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart; el ex médico policial quilmeño Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci (condenado a perpetua); Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Alberto Candioti, Jorge Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barré y Luis Horacio Castillo.
El quilmeño Bergés fue condenado a prisión perpetua por sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años en perjuicio del hijo de Repetur-Carriquiriborde (caso 136), de Diego Martín Ogando Montesano (140), de Daniel Santucho Navajas (145), de María José Lavalle Lemos (221), de Rosa Isabella Valenzi, hija de Silvia Mabel Isabella Valenzi (403), de Carlos D’Elia Casco (caso 268) y de María Victoria Moyano Artigas (caso 280).
Julio A. Candioti, sin condenas anteriores, fue condenado a 25 años. El ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart recibió su séptima condena. Enrique Augusto Barre, el segundo de Wolk en el Pozo de Banfield, resultó absuelto.
(UNQ) Juicio Brigadas: La Justicia condeno a cadena perpetua a diez represores y torturadores del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno de Lanús.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata mediante los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti dieron a conocer este martes 26 el veredicto sobre el Juicio de las Brigadas, en el que doce represores llegaron a la instancia de definición, luego de cuatro años de debate y a más de 45 años de cometerse estos crímenes. Tanto la lectura de la sentencia como durante todo el juicio hubo un gran acompañamiento por parte de organismos de derechos humanos, familiares de las victimas, y organizaciones civiles. El proyecto de extensión universitaria de la UNQ “Universidad Memoria y Ciudadanía” formó parte del acompañamiento durante la duración del juicio.
Basílico aclaró que estos crímenes formaron parte de un plan sistemático en el marco de un genocidio, y luego leyó la sentencia a cadena perpetua para diez de los acusados sobre las acciones en los tres Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio: Federico Antonio Minicucci; Guillermo Alberto Domínguez Matheu; Carlos Gustavo Fontana; Jorge Héctor Di Pasquale; Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Jaime Lamont Smart (quien no se mostró delante de la cámara a la hora de la lectura). Por su parte, Luis Horacio Castillo, que fue incorporado a la causa en 2023, también recibió cadena perpetua. El veredicto contempló 25 años de prisión para Alberto Julio Candioti y absolución para Enrique Augusto Barre.
El genocida Miguel Etchecolatz murió durante este juicio al igual que Emilio Herrero Anzorena, Miguel Angel Ferreyro, Carlos Hidalgo Garzón, Eduardo Samuel De Lío y Ricardo Armando Fernández.
En esta causa hubo 17 imputados y 468 testigos, están involucradas 442 víctimas, entre ellas 23 embarazadas y 10 nietos apropiados. El TOF consideró los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, aplicación de tormentos, abuso sexual, desaparición forzada de personas, homicidio en concurso real con delitos de lesa humanidad, reducción a la servidumbre, aborto forzado y sustracción, retención y ocultación de menores.
En el debate se investigaron los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”, que funcionaron en los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense de cada una de esas localidades. La causa reunió 254 víctimas, de las cuales 175 estuvieron secuestradas en Pozo de Banfield y 21 en ambos campos. El Pozo de Banfield operó entre 1974 y 1978 y funcionó como maternidad clandestina. Se estima que 350 personas estuvieron retenidas ahí. El Pozo de Quilmes operó entre 1974 y 1979, y más de 250 las víctimas detenidas en forma ilegal, al menos 30 personas de nacionalidad uruguaya fueron alojadas de modo ilegal, en el marco del Plan Cóndor. En este juicio se unificó también la causa de crímenes ocurridos en el centro clandestino de “El Infierno”, en el que funcionó la Regional Brigada II de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires. En los operativos de secuestro, tortura y desapoderamiento de los bienes de las víctimas, los integrantes de las Brigadas vestían de civil y otros personal militar. El Infierno, en Avellaneda, operó entre 1976 y 1978. Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitieron determinar que los restos de algunas de las víctimas de fusilamientos ilegales fueron ingresados como NN en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda donde fueron hallados más de trescientos cuerpos.
“Universidad Memoria y Ciudadanía” es el proyecto de la UNQ que desde hace más de diez años trabaja de manera sistemática en procesos de Memoria Verdad y Justicia de la región, con participación en la readecuación de los ex centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Puesto Vasco en Sitios de Memoria. En paralelo con el acompañamiento, registro y difusión de procesos de justicia en causas de Lesa Humanidad realizadas por tribunales federales con diversas experiencias: coberturas periodísticas, actividades académicas, promoviendo la participación ciudadana y con la realización de propuestas educativas. Esta propuesta nace junto al inicio de la megacausa denominada Juicio de las Brigadas que agrupó el juzgamiento de los crímenes cometidos en tres Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio.
Las audiencias se virtualizan online a partir de la pandemia y en ese contexto surge la producción del Diario del Juicio como cobertura periodística y de archivo sobre ese acontecimiento. Las propuestas audiovisuales también convocan a los medios universitarios como UNQtv.
Los represores
Minicucci, Domínguez Matheu, Fontana, Di Pasquale, Romero Pavón, Smart, Wolk, Balmaceda, Castillo, Bergés fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad en perjuicio de 607 víctimas.
El tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero indicó que los delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Brigada de San Justo y Brigada de Lanús.
El represor Julio Alberto Candioti fue condenado a 25 años, no tenía condenas anteriores.
Enrique Augusto Barre, el segundo de Juan Miguel Wolk en el Pozo de Banfield, resultó absuelto. Había cumplido servicios como segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield entre el 1 de agosto de 1975 y el 1 de junio de 1976.
Este juicio, iniciado el 27 de octubre de 2020, comenzó de manera virtual por la pandemia de COVID-19, y tenía entre sus principales imputados a Miguel Etchecolatz, fallecido en julio de 2022 con múltiples condenas a perpetua.
Entre otros casos, se juzgó el secuestro de los estudiantes de la Noche de los Lápices, vistos en el Pozo de Banfield.
Respecto del médico de la Bonaerense, el quilmeño Jorge Antonio Bergés, se lo condenó a prisión perpetua por el delito de sustracción, retención y ocultación de menor de 10 años previsto en el artículo 146 del Código Penal en perjuicio del hijo de Repetur-Carriquiriborde (caso 136), de Diego Martín Ogando Montesano (140), de Daniel Santucho Navajas (145), de María José Lavalle Lemos (221), de Rosa Isabella Valenzi, hija de Silvia Mabel Isabella Valenzi (403), de Carlos D’Elia Casco (caso 268) y de María Victoria Moyano Artigas (caso 280). En el Pozo de Banfield funcionó una “maternidad clandestina”. Otras jóvenes secuestradas dieron a luz en el Hospital Iriarte, a metros del Pozo de Quilmes. En numerosos casos, Bergés firmó actas de nacimiento apócrifas y se apropió de las y los bebés entregándolos a uniformados.
El Tribunal dió lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se juzgue el caso de un aborto forzoso, contra una de las víctimas. También en el fallo se tuvo en cuenta la persecución y los delitos cometidos contra el colectivo LGTBI+
La lectura de la sentencia finalizó pasados 15 minutos de las 18hs, con el grito de Memoria, Verdad, Justicia. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes hoy y siempre!. por parte de sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Estuvieron presentes el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, y nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti, el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho Navajas, además de familiares de los chicos de la Noche de los Lápices.
Los condenados
Desde el inicio del debate oral y público, fallecieron impunes seis imputados, de dieciocho.
Seis de los doce condenados operaron desde el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata: Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda y Alberto Julio Candioti.
Lo que llaman ex Destacamento 101 del Ejército, en 55 entre 7 y 8, cumplió un rol clave durante la última dictadura, ya que desde ese lugar se ordenaba secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Hoy en ese lugar funciona el Archivo Provincial de la Memoria (APM) que depende la Subsecretarìa de Derechos Humanos
Los imputados que se desempeñaban en el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata son Dominguez Matheu, que se ocupaba de personal y de servicio y luego como jefe de actividades psicológicas como capitán del 7 de diciembre de 1972 al 22 de diciembre de 1976.
Fontana: Su función era de enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón 601 con el grado de capitán entre el 12 de diciembre de 1975 y el 22 de diciembre de 1976.
Balmaceda: Se demostró que como teniente primero y capitán dirigió la sección central reunión interior y cumplió funciones como jefe de contrainteligencia y operaciones especiales entre el 22 de diciembre de 1977 y el 2 de noviembre de 1981.
Di Pasquale: Cumplió como capitán de artillería la jefatura de la sección de operaciones especiales del 20 de diciembre de 1977 al 24 de febrero de 1980.
Romero Pavón: Con el grado de capitán tuvo a su cargo la sección central de reunión y luego reunión interior desde el 7 de abril de 1977 hasta abril del 1979, fecha en la cual pasó a cumplir funciones en la Escuela Superior de Guerra.
Candioti: Como teniente primero y luego como capitán fue jefe de la sección comando y servicio y luego reunión interior del 9 de enero de 1978 al 7 de abril de 1979.
Minicucci: Fue responsable del Area 112, tenía jurisdicción, control y responsabilidad total en los CCD de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo como jefe del Regimiento III de Infantería de La Tablada como teniente coronel entre el 6 de diciembre de 1975 y el 5 de diciembre de 1977.
Smart. Fue ministro de Gobierno del 8 de abril de 1976 al 4 de septiembre de 1977. Cumplió esa función jerárquica durante los años más salvajes de la dictadura.
Policías
Bergés: Se ha comprobado que cumplió funciones como médico en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires del 18 de febrero de 1975 al 18 de diciembre de 1984.
Wolk: Prestó servicios en calidad de jefe de la División Delitos contra la Propiedad y contra las Personas como comisario inspector dependiente de la Dirección General de Investigaciones desde el 11 de octubre de 1974 hasta el 12 de agosto de 1976. Fue titular de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana. Entre el 1 de enero de 1977 y el 2 de enero de 1979 siguió prestando servicios en Banfield como comisario mayor.
Castillo: Cumplió funciones en el Pozo de Banfield entre el 10 de agosto de 1976 y el 3 de marzo de 1977 y en dos periodos en El Infierno de Lanús: del 3 de septiembre de 1975 al 10 de agosto de 1976 y del 9 de marzo de 1977 al 14 de febrero de 1979.