La soberanía nacional quedó de remate en el Congreso. Bajo el pomposo nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno busca la derogación definitiva de los límites para la compra de campos por parte de capitales extranjeros. El proyecto, redactado con el sello de los grandes fondos especulativos, elimina de un plumazo el histórico tope de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola. Una entrega desprolija que deja nuestros recursos naturales a merced del mejor postor.
El apuro oficialista por meter el debate en el recinto del Senado este jueves 6 de agosto expone la falta de consensos. En julio, el proyecto quedó bajo un manto de sospechas y pasó a cuarto intermedio porque los números no cerraban para el Ejecutivo. Ahora, los bloques provinciales y los aliados de la UCR negocian modificaciones contrarreloj, mientas la oposición dura denuncia una entrega lisa y llana de nuestros recursos hídricos en la Patagonia. Los senadores dialoguistas juegan un partido de espaldas a la gente, apurados por otorgar beneficios fiscales a los grandes capitales. Una maniobra desprolija que solo busca el aplauso de la tribuna corporativa.
El dictamen final, manoseado en las sombras de los despachos oficiales, llegó modificado al recinto para calmar a los gobernadores díscolos. En un manotazo desesperado por conseguir quórum, el oficialismo eliminó la polémica cláusula del silencio administrativo, esa avivada que aprobaba las ventas de campos de forma automática ante la falta de respuesta estatal en seis meses. Sin embargo, la trampa sigue intacta. Aunque el libreto nuevo maquilla el texto con falsas promesas de autonomía provincial, el fondo de la cuestión no cambia: el mercado de suelo rural queda desregulado. Una puesta en escena muy pobre, armada contrarreloj por operadores apurados que rifan el patrimonio nacional.
Desde los despachos de la Casa Rosada miran el tablero con otra perspectiva y rechazan las acusaciones de entrega. Para los alfiles del Ejecutivo, la normativa vigente actúa como un chaleco de fuerza que espanta los dólares y paraliza el desarrollo de las economías regionales. La defensa oficial de la iniciativa se apoya en una premisa clara: el respeto total al derecho de propiedad es el único camino viable para generar confianza en los inversores internacionales. Quienes defienden el proyecto aseguran que la desregulación terminará con el cepo inmobiliario rural y afirman que los gobernadores mantendrán la facultad final para vetar cualquier operación sospechosa dentro de sus fronteras. Una mirada optimista que confía en el libre mercado como el gran motor para reactivar la producción agraria.
Desde la vereda de enfrente, el peronismo y los bloques de izquierda plantaron bandera con duras críticas ante lo que consideran un avance colonial. Los senadores opositores firmaron un dictamen de minoría con el rechazo total al texto de la Casa Rosada y tildaron la movida de traición a la patria. El contraataque legislativo advierte que la eliminación de los topes nacionales provocará la pérdida del control soberano sobre los recursos estratégicos, los humedales y los depósitos de agua dulce. Para colmo, referentes de la cultura y agrupaciones sociales sumaron su apoyo a la movilización masiva al Congreso programada para este jueves. Una resistencia multisectorial que promete un clima caliente en las afueras del palacio legislativo para frenar el proyecto oficial.
