Enrique Mathov, secretario de seguridad del gobierno de De la Rúa, preso por la masacre del 20 de diciembre del 2001.
Por Orlando Agüero *
El 20 de diciembre del 2001, Fernando De la Rúa renunciaba a la Presidencia, dejaba la Casa Rosada en helicóptero y más de treinta muertos producto de la represión ordenada para dispersar al pueblo movilizado. Una ciudadanía enardecida había ganado las calles del país para dar fin al salvaje neo-liberalismo ajustador de ese momento. Él mismo fue sobreseído por el Poder Judicial; falleció impune.
Sin embargo, su secretario de Seguridad fue condenado a cuatro años y medio de prisión por considerarlo el Responsable Político de esos asesinatos perpetrados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Una decisión jurídica que marca un excelente precedente aplicable a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, entre muchos otros casos en donde el poder político es responsable de dar las órdenes de represión y que terminan con la vida de manifestantes.
El fin del último ciclo de acumulación neoliberal en el país fue cruento. Intento situar como ciclo, el período iniciado en 1989 con el gobierno de Carlos Saúl Menem y finalizado el 20 de diciembre del 2001. Aunque este final tuvo una derivación residual o de transición hacia otra forma de gobierno. Es decir, que la agonía se extendió hasta el 26 de junio del 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde reprimió en Avellaneda una marcha de movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas. El resultado fueron dos personas asesinadas y decenas de heridos y heridas con balas de plomo.
Sólo seis meses de distancia separan una represión de la otra. Es decir que ambas, forman parte de una misma matriz ideológica represiva.
Esa matriz que señalo, a través de este fallo judicial que encarcela a Enrique Mathov por ser el Secretario Nacional de Seguridad, genera jurisprudencia que permite aplicarse también en otros casos. Claro que el principal responsable político de la represión y los asesinatos del 2001 es De la Rúa, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, éste fue sobreseído. De todos modos, la causa federal continuó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En este nivel del Poder Judicial se confirmaron los fallos contra Mathov por ser el responsable desde el poder político por el cargo que ostentaba y al ahora ex comisario Ruben Santos, también ex jefe de la PFA, por los cargos de homicidio de tres (de treinta y pico que hubo en todo el país) de los manifestantes de ese día. Estos son Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón y Diego Lamagna.
Las condenas, si bien son irrisorias en términos de castigo a los culpables (cuatro años y tres meses de prisión para Mathov y de tres años y seis meses para Santos) y en absoluto tardías en función del tiempo que se tomó el sistema judicial del país para resolver estas culpabilidades, no dejan de ser importantes. Marcan un antecedente jurídico de trascendencia y podrían iluminar a otros casos similares que hoy deambulan perdidos por los cajones sombríos de Comodoro Py.
Uno es el caso de los asesinatos de Kosteki y Santillán. Esta causa se dividió desde el comienzo. En 2005 en los tribunales de Lomas de Zamora se condenó a cadena perpetua a los asesinos materiales. Estos son los ex policías bonaerenses Alfredo Fanchiotti y Alberto Acosta, quienes hasta hoy purgan sus culpas en distintos penales.
Muy diferente fue la suerte que corrieron los responsables políticos de la recordada Masacre de Avellaneda. La división de la causa judicial hizo que este juicio que debió investigar las responsabilidades políticas de funcionarios, se derive al ámbito federal, es decir los tribunales de Comodoro Py. Esta causa, donde la insistente presentación de testigos por parte de la querella, formulada por sus familiares y compañerxs que militaron con los manifestantes asesinados, no encuentran una respuesta favorable por parte de los miembros del fuero federal.
Tanto el juez Ariel Lijo como la Fiscal Paloma Ochoa, que son quienes tienen en su poder el destino de la causa, afirman hasta ahora no encontrar pruebas para imputar a Duhalde (Presidente de la Nación), Alfredo Atanasoff (Jefe de Gabinete de Ministros), Aníbal Fernández (Secretario General de la Presidencia), Juan José Alvarez (Secretario de Seguridad), Oscar Rodríguez (Jefe segundo de la SIDE), Carlos Ruckauf (Ministro de Relaciones Exteriores) entre otros.
Seguro, este fallo de la Corte Suprema del 19 de septiembre, sirva para aclararle la visión al juez y a la fiscal y encuentren los caminos hacia las pruebas necesarias para la imputabilidad de los verdaderos responsables de dar las órdenes para la represión, ya que esta causa también lleva tantos años como la del 19 y 20 de diciembre del 2001.
En este rango, bastante más reciente, se encuentra el caso sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Seguro la jurisprudencia emanada de este fallo ayude a su hermano, batallador incansable por justicia, a encontrarla de una vez por todas. Este caso involucra a responsables políticos de la talla de Mauricio Macri como Presidente, y a Patricia Bullrich como la ministra de Seguridad.
Algo más reciente es el intento de magnicidio, ejecutado contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras era vicepresidenta. Hoy, la campaña “Quién mandó a matar a Cristina” levanta la bandera del responsable intelectual. Aquel, aquellos o aquellas que detrás de escena, arman y financian operaciones de estas características. También se intenta dilucidar con esta campaña quiénes fueron los responsables políticos de organizar la operación que casi termina con la vida de quien fuera dos veces presidenta y una vez vice.
Hay más casos donde el sistema judicial no ha llegado, o terminó favoreciendo a los culpables y no a las víctimas. Sin embargo, el fallo que encarcela a Mathov sirve para poner en pie nuevas estrategias para encontrar justicia dentro de este sistema del cual muchos y muchas se quejan. De todos, no creo que el deseo o la esperanza en este fallo resuelva los problemas de falta de justicia. El pueblo y la ciudadanía deben tomar en sus manos los casos de injusticia, organizarse y luchar con insistentecia a viva voz, porque ésa es la única manera que pueda escucharse a los sin voz; tal vez, desde los medios de comunicación alternativos o también los hegemónicos. A todo lo que esta democracia incompleta oculta bajo su alfombra y queda como una comida de mal gusto atragantada de la interminable lista de víctimas que padecen la desgracia de tener que recorrer los grises pasillos de algún tribunal, sin la suerte de los y las que tienen poder político y económico que los respaldan.
- Referente del Frente Popular Darío Santillán y la Mesa Popular Quilmes.
