En una reunión llevada a cabo hoy en la Ciudad de Buenos Aires, autoridades de 21 Colegios de Abogados de distintas provincias se congregaron para analizar los efectos sociales de los proyectos de ley sobre divorcio administrativo y sucesiones notariales impulsados por el gobierno, en línea con el controvertido proyecto de Ley Hojarasca. La convocatoria, que reunió a representantes del país, buscó coordinar acciones para alertar a la ciudadanía sobre el riesgo de perder derechos esenciales si se eliminan tanto la intervención judicial como el asesoramiento profesional en procesos sensibles como el divorcio.
La preocupación radica en que estos proyectos de ley proponen suprimir el papel de la Justicia en los procesos de divorcio y sucesiones, dejando a los ciudadanos sin la protección legal que brindan los abogados y jueces. Desde la abogacía advierten que, al no contar con la intervención judicial, se pondrían en riesgo los derechos de las partes, en especial de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.
Los referentes de la abogacía federal enfatizaron:
“Sin la intervención judicial, ¿quién velará por los derechos de las personas? Un divorcio administrativo puede vulnerar los derechos de los hijos menores, ignorar situaciones de violencia y omitir aspectos cruciales como la compensación económica o la determinación de la cuota alimentaria”
Además, exhortaron a los legisladores a rechazar estos proyectos para asegurar el derecho a un proceso justo y equitativo.
El encuentro contó con la participación de destacados representantes, entre ellos, Natalia Messina, de Quilmes; Itatí Demarchi Arballo, de Villa María; Emiliano Ramallo de Córdoba capital; Sergio Díaz Lenes de Salta; Susana Geminiani de La Pampa; Clemente Vidal Oliver de Ushuaia; Exequiel Moreno, de Catamarca; Mariana Suárez, de La Matanza; Cecilia Chahin, de Avellaneda-Lanús; Enzo Cabrera, de Entre Ríos; Andrea Trianna, de Curuzú Cuatiá; José Galassi, de Chaco; Juan Bobadilla, de Corrientes; Sergio Arce, de Morón; Andrea Sosa, de San Martín; Horacio Alonso, de Villa Mercedes; Flavia Molina, de San Luis; y Ramiro Tizón, de Jujuy. Además, participaron Hernán Finnos, titular de la Caja de Abogados de Rosario; Julia Toyos, presidente de la Caja de Abogados de Salta; y Marcelo Álvarez, de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias (FEPU) de San Juan.
Este llamado desde el ámbito de la abogacía busca sensibilizar a la sociedad y preservar los derechos de los ciudadanos ante proyectos que, de ser aprobados, implicarían un debilitamiento de garantías.