Más de diez sobrevivientes de la dictadura guiaron a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata en una inspección ocular por su lugar de cautiverio.
Durante la mañana, en el ex centro clandestino que funcionaba en la Brigada de Investigaciones, sobre Allison Bell y Garibaldi, se presentaron el titular del TOF 1, Ricardo Basílico, y los integrantes del tribunal Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers; la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, Ana Oberlín; la defensa oficial de los quince imputados y más de diez sobrevivientes, quienes durante el procedimiento debieron revivir lo padecido e identificar sus calabozos.
Participó de la inspección el nieto recuperado Pedro Nadal García, hijo de Jorge Nadal e Hilda Magdalena García, quien fue apropiado tras ser secuestrado antes del Golpe, el 5 de marzo de 1976, junto a su madre cuando tenía un año. Ella está desaparecida y él recuperó su identidad en octubre de 2004.
Además, Julio Santucho, padre del nieto 133 restituido hace semanas, y su hermana María Santucho, secuestrada allí.
«Las inspecciones oculares son importantes porque es la forma en que los jueces ven, de manera directa, los lugares, pueden entender las dinámicas en las cuales se produjeron los delitos que se están juzgando y comprender por qué en muchos casos se podían escuchar de un lugar a otro por la acústica del lugar. Estamos muy satisfechos con la medida, se pudo ver, con las dimensiones del lugar, respecto a lo que declararon (los sobrevivientes) que escuchaban en aquel entonces que ocurría en otros lugares del Pozo».
Ana Oberlín
Otro sobreviviente fue Rubén Schell, quien en mayo de 2022, al brindar testimonio en el juicio que se sigue a los 15 represores lo hizo vía zoom desde el Pozo. «Lo hago desde acá porque el día que salí juré a mis compañeros recordarlos y honrar sus memorias», dijo firme pero emocionado en aquella oportunidad, mientras a su espalda tenía las fotos de las 100 víctimas detenidas desaparecidas que pasaron por ese excentro.
Schell fue secuestrado el 12 de noviembre de 1977 por una patota cuando se aprestaba a ingresar a su casa, le cubrieron la cabeza con un buzo y lo metieron en el baúl de un auto donde había otro joven secuestrado, con el que fue llevado al Pozo, donde apenas llegaron les hicieron un simulacro de fusilamiento contra un paredón. Schell y Pablo Dykyj, fueron torturados con picana eléctrica.
Schell, actual Director de Derechos Humanos de Quilmes, estuvo cautivo 102 días.
«Más de diez sobrevivientes pudimos marcar los lugares más emblemáticos, los jueces pudieron recorrer los espacios, ver las modificaciones que hubo y comprobar el tema de la acústica del lugar. Fueron celda por celda, nos agradecieron la participación y dijeron estar muy conmovidos».
Ruben Schell
Contó que algunos sobrevivientes era la primera vez que recorrían el lugar, pero que en su caso, si bien su oficina está en otra sede, pasaba «parte del tiempo acá», donde funciona un Sitio de Memoria y visitas guiadas diarias. Detalló que cuando estuvo cautivo dejó una marca en la pared de su celda, marca que «está señalizada» aún, y agregó que quieren «hacerle un decapamiento de la pintura», algo que tiene que hacer un conservacionista que por el momento «está con otros trabajos». «Durante la recorrida, los sobrevivientes pedimos a los jueces que se busque en los archivos a los policías de menor rango que estaban acá en esos años», remarcó Schell.
Desde el 1° de enero de 1977, la Brigada de Quilmes estuvo bajo la órbita militar, cuyo personal realizaba los interrogatorios pero quienes vigilaban a los detenidos siguieron siendo policías bonaerenses.
La investigación fiscal demostró que al Pozo de Quilmes «ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo -O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban».
En cuanto a las condiciones de detención, las víctimas revelaron que sufrieron torturas «bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento», además de haber sido «obligadas a escuchar el sufrimiento de otros y otras compañeras de cautiverio».
Según la investigación, fueron denunciados hechos de violencia sexual en ese centro clandestino.
Archivo
La investigación de Alberto Moya sobre los policías de menor graduación que operaban en el Pozo:
Heridas que no cierran.