(Documento) Nosotros, los pueblos indígenas, repudiamos el 12 de octubre de 1492 porque fue el comienzo del genocidio más grande cometido a la humanidad con más de 120 millones de hermanos muertos en todo el continente. Ese día comenzó la invasión, la evangelización, el colonialismo y la dependencia política, social, económica y el saqueo al patrimonio cultural y los bienes naturales, renovables y no renovables, que aún hoy continúa con la complicidad de los Estados. Ese día el sol se eclipsó para nuestros ancestros.
Estas son razones por las que hoy venimos a reafirmar nuestros derechos. Proponemos a los pueblos el reconocimiento y recordación de los héroes Chumay, Chalemin, Wilkiphujo, Kalfulcura, Arakene, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Tupac Katari, Canasiquien, Zapican, Yamandú, Abayubá, Tabobá, Asencio Flores y otros. Sostenemos el sistema indígena milenario, en lo ideológico, filosófico y espiritual, por los hermanos que lucharon y dieron su vida en horrendos crímenes, torturados, violados y descuartizados, construyendo un Movimiento Indígena de estructura propia.
La base ideológica, que sostiene nuestra cosmovisión, generada por los pueblos indígenas y orientada por nosotros, es de carácter universal, diferente a la filosofía capitalista, marxista u otra dominante. Como expresión de profunda convicción de nuestra filosofía basada en el derecho cósmico, decimos que el hombre no es el centro del cosmos sino uno más dentro de su perfecto equilibrio.
Los indígenas reafirmamos nuestra dignidad como milenarias naciones originarias de este continente, rompiendo las cadenas de la esclavitud, cadena de la doctrina católica y sus sectas religiosas como también las cadenas de la imposición de una organización social y política de estructura vertical e individualista, por lo tanto acumulativa, egoísta, autoritaria y competitiva hasta la agresión.
Los Pueblos Originarios, con nuestra cosmovisión milenaria, seguiremos sosteniendo la armonía de la madre naturaleza, que nos vuelve a reunir hermanados por la memoria y la dignidad por nuestros ancestros, siendo concientes de que todas las vidas vienen de ella y vuelven a ella para la continuidad cíclica de la vida. Escuchemos el llamado de la Madre Naturaleza para evitar que continúe la contaminación del espacio y el aire, el agua de los mares, los ríos, la superficie de la tierra y los subsuelos.
A todos los hermanos que participen de esta filosofía basada en nuestra cosmovisión proponemos realizar acciones de promoción y defensa de esta concepción, que es afirmar nuestra identidad y los Derechos Naturales de los Pueblos Indígenas, el derecho a la tierra, territorio y autonomía.
Para aquellos hermanos que no comparten nuestra filosofía cósmica, se les propone analizar su lugar dentro del universo para que descubran la fuerza vital y energética que existe en toda la naturaleza, porque formamos parte de ella.
Los indígenas que a través de nuestras comunidades y de sus Organizaciones, sostenemos el sistema indígena milenario en lo Ideológico, Filosófico y Espiritual, realizamos dentro de estos principios básicos nuestra propuesta política, hacia toda la humanidad, para participar en la realidad contemporánea de los Pueblos como parte de la alternativa de vida frente al imperio de la irracionalidad que sostiene el sistema occidental.
POR TODO LO EXPRESADO, DECIMOS QUE FUE, ES, Y SERÁ UNA INVASIÓN Y UN GENOCIDIO, Y ASÍ LO LLAMAMOS LOS PUEBLOS DE ESTA ABYA YALA
EXIGIMOS:
El inmediato cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecido en el art Nº 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por ley 24.071, la ley 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades Aborígenes, La Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la ley 26331 “Ley de bosques” y la ley 26.160 de emergencia de propiedad comunitaria indígena y sus prórrogas, la ley 20.206 que incorpora la Educación Intercultural Bilingüe, como modalidad en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
El incumplimiento de estos derechos conlleva al despojo, violencia y muerte de hermanos indígenas en los territorios que queda expresado en:
Conflictos territoriales, falta de consulta, desalojos, desmontes, criminalización, represión y muerte de comuneros indígenas en la Argentina
Durante los últimos años se ha desarrollado una campaña de estigmatización, negacionismo y criminalización promovida desde los medios hegemónicos, parte de la justicia, algunos gobiernos provinciales y sectores políticos de ultraderecha asociados a conglomerados económicos y terratenientes locales nucleados en el llamado “Consenso de Bariloche” y “Consenso de Tucumán”, ligados a grandes negociados inmobiliarios y proyectos extractivos como IRSA, Mekorot, RIGI y SUPER RIGI, con intención de apropiación de territorios indígenas, nacientes de ríos, agua y otros recursos estratégicos. Con el nuevo gobierno nacional, estas políticas se profundizaron, no solo con la reivindicación de genocidas de pueblos indígenas como Roca, sino con la prohibición de símbolos y ceremonias indígenas en instituciones del Estado, la priorización de empresas sobre las comunidades en el acceso a agua y energía, y la implementación de reformas regresivas, como la reforma migratoria de Javier Milei, que legitima discursos racistas y de odio hacia personas migrantes, criminalizando aún más a históricos sectores vulnerables. Recordemos el caso de Richard Flores, ciudadano de nacionalidad boliviana, víctima de una agresión racista que culminó en su muerte en Ezpeleta en ese mismo contexto. Estas acciones vulneran derechos constitucionales y convencionales, incluido el Convenio 169 de la OIT, que garantiza consulta y participación previa en decisiones sobre sus territorios.
Estas campañas, cargadas de racismo, acusan a nuestros hermanos de terroristas, usurpadores y violentos, construyendo un “enemigo interno” y generando condiciones para la represión. El incumplimiento de leyes y la falta de diálogo se refleja en múltiples casos: Lof El Sosneado en Mendoza, Lof Paillako en Chubut, Indio Colalao y Tafi del valle en Tucumán, Pu Lof en Resistencia Cushamen, Pino Quiñé y Lafken Winkul Mapu en Río Negro, la Cueva del Inca, Pucara de Tilcara, Finca El Pongo, Cieneguillas y Guerrero en Jujuy, enfrentan desalojos, violencia institucional y criminalización de la resistencia mientras luchan por mantener sus territorios ancestrales.
Entre los conflictos más críticos, destacamos el lago Mari Menuco, donde YPF y Pan American Energy avanzan con fracking sobre la principal fuente de agua de más de 600 mil personas y comunidades Mapuche de la región, mientras el gobierno provincial y el cerco mediático buscan silenciar el conflicto. En Neuquén, varias comunidades Mapuche realizaron encadenamientos y protestas ante la negativa de autoridades a reconocer sus personerías jurídicas, limitando su autonomía y seguridad jurídica; instrumentos legales utilizados de modo histórico para proteger sus derechos ahora son empleados para manipular y desalojar. Maniobras como las encuestas de la consultora inglesa ERM en Río Negro, sin respetar autoridades legítimas, fragmentan y debilitan la voz colectiva frente a proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur.
Estas situaciones reflejan una política sistemática de exterminio, saqueo territorial, criminalización y discriminación, donde el Estado y sus distintos poderes actúan en complicidad, priorizando intereses empresariales sobre los derechos, la vida y la tierra de los pueblos indígenas y migrantes. Se trata de un modelo sostenido históricamente, que hoy se profundiza con leyes y medidas regresivas —como el RIGI, la reforma migratoria, la flexibilización ambiental, los acuerdos con corporaciones extractivas y el decreto 70/2023—, violando leyes nacionales, derechos constitucionales y convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios y los derechos humanos.
Exigimos:
- La finalización de los relevamientos territoriales establecidos por la Ley 26.160, y decimos no a la derogación de esta ley que deja a las comunidades sin protección frente al despojo.
- El reconocimiento pleno de las personerías jurídicas y el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas), frente a medidas del INAI que intentan vaciar estas herramientas y generar inseguridad jurídica.
- Por una ley de propiedad comunitaria indígena que garantice la plena participación de los pueblos en la administración de sus territorios y ponga fin a la criminalización de la defensa territorial.
- La suspensión del RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) y el SUPER RIGI, que prioriza los beneficios empresariales sobre la vida y los territorios de los pueblos originarios, favoreciendo proyectos extractivistas, inmobiliarios e hidroeléctricos como IRSA y empresas de agua como Mekorot.
- La suspensión del decreto 70/2023 que impulsó Javier Milei, sobre el territorio nacional, poniendo en riesgo la soberanía, los recursos naturales y generando una mayor concentración económica en detrimento de productores locales.
- El respeto al derecho a la información, consulta y participación previa, libre e informada, según la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, frente a megaproyectos energéticos, extractivos y turísticos que afectan territorios, aguas y recursos estratégicos.
- El reconocimiento del 21 de junio como “Año Nuevo Indígena” sobre el ciclo solar, como así también reconocer el principio de cada uno de los ciclo (año nuevo) de todos los Pueblos Originarios del territorio Nacional, declarándolo feriado como señal de que vivimos en un estado pluricultural, plurinacional y multilingüe.
- A los Organismos Nacionales e Internacionales, exigimos la devolución del Patrimonio Cultural de nuestros pueblos, que no se declaren “Patrimonio de la Humanidad”, dado que esto significa un despojo de los territorios a los Pueblos Originarios. El cese de la permanente profanación de nuestras “WAKAS” (lugar sagrado) y “CHULPAS” como el caso de los dos niños sacados de los APUS de Lullayllaco, hoy exhibidos en Museos, por el gobierno de Salta.
- La restitución de todos los Territorios demandados por todas las Comunidades Indígenas del país, y de las tierras Expropiadas Ilegítimamente por el Estado Argentino, denominadas “tierras fiscales”.
- La plena participación de los Pueblos Indígenas en la planificación y coordinación de los planes de salud para comunidades Indígenas.
- La modificación del art. 15 de la ley 23137, de estupefaciente autorizando su comercialización, y la declaración de la Hoja de Coca como “Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas”.
SALUDAMOS:
La caminata por el agua y la vida que se realiza del 4 al 12 de octubre desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy caminando 280 km en defensa del agua y de la vida reclamando al gobierno de Jujuy por el respeto a sus derechos.
El fallo del Juzgado Federal 1 de Resistencia – Chaco en el Juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpí en los crímenes de más de 400 integrantes de los Pueblos Qom y Moqoit en la que se declaró como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino. La sentencia declaro “son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.
Los fallos de la justicia declarando el Genocidio de los Pueblos Indígenas en el caso denominado “La Masacre de Rincón Bomba” en el departamento Las Lomitas en la provincia de Formosa, por lo tanto declarado imprescriptible, ordenando su reparación al Estado Argentino.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado Argentino a la demarcación y delimitación del territorio indígena y el otorgamiento de un título único de propiedad en su territorio ancestral de 400.000 hectáreas para las comunidades indígenas nucleadas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra). Las 71 comunidades que nuclean alrededor de 7000 personas sobre los ahora ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia en la provincia de Salta son territorios en que las comunidades viven.
DENUNCIAMOS:
- A la Iglesia Católica y a sectas religiosas —Evangelistas, Pentecostales, Testigos de Jehová, Mormones, Anglicanos, Metodistas y otras— por su violación sistemática de la espiritualidad de nuestros Pueblos Originarios.
- La represión, persecución, criminalización y desalojo sistemático de comunidades como Lof El Sosneado, Cueva del Inca, Guerrero, Pino Quiñé, Lafken Winkul Mapu, Lof Paillako y otras, con la complicidad de empresas extractivas, inmobiliarias y de agua (IRSA, Mekorot, YPF, Pan American Energy), medios hegemónicos y poderes judiciales provinciales y nacionales.
- La negación de la preexistencia indígena, que dificulta hoy que nuestros hermanos sean reconocidos como indígenas, es un acto de emergencia y constituye genocidio.
- La violación de leyes nacionales, derechos constitucionales y convencionales, incluido el Convenio 169 de la OIT, que garantiza consulta y participación previa frente a proyectos extractivos, energéticos y turísticos.
- La contaminación de bienes naturales, tala indiscriminada de bosques, monocultivos transgénicos, fumigaciones que provocan malformaciones y minería a cielo abierto para oro, plata y otros recursos, que emplea cianuro y arsénico, amenaza la salud de las comunidades, los ecosistemas y la “Madre Tierra”, como ocurre en la Laguna de Pozuelos, Cerro Pan de Azúcar y lago Mari Menuco.
- La censura y el cerco de medios masivos y multimedios, que obstaculizan la libertad de medios alternativos.
- La desidia del Estado nacional y provincial, que produce hambre, enfermedades y muertes evitables, generando un exterminio silencioso y progresivo: un “genocidio étnico”. La desigualdad en salud, con enfermedades erradicadas que vuelven a afectar a nuestros pueblos (tuberculosis, dengue, cólera, Chagas), evidencia esta emergencia.
- La bioprospección y el patentamiento de recursos genéticos, conocimientos, términos y valores culturales por empresas farmacéuticas y de biotecnología, con complicidad de organismos estatales y universidades.
- La discriminación racial estructural promovida por el Estado, ejemplificada en la reforma migratoria de Javier Milei, que legitima discursos de odio y criminaliza a sectores históricamente vulnerables, como el caso de Richard Flores.
- La impunidad de corporaciones y poderes estatales en la apropiación de territorios y patrimonios culturales, la desidia en salud y educación, y la desigualdad sistemática constituyen un genocidio étnico silencioso y urgente de visibilizar.
- Denunciamos el racismo estructural ejercido por todos los estamentos del poder sobre la Comunidad guaraní Puente Quemado II a manos de la maderera ARAUCO y un privado de origen alemán, cuyos métodos violentos para desalojar a nos retrotrajeron a los zoológicos humanos, cuando quisieron desalojar hacer tan solo un par de meses atrás a los hermanos en un camión jaula. Lamentablemente también nos recuerdan a la edad media porque les queman sus casas para hacer que se vayan de la tierra a los hermanos guaraníes y a otros trabajadores campesinos que viven cerca de las comunidades.
- El genocidio actual wichí a manos del estado nacional, provincial y por gobiernos de distinto signo político en connivencia con el extractivismo sionista. Llamamos a la reflexión a toda la sociedad argentina para que no seamos más cómplices de las tentativas de exterminio que los malos gobiernos ejercen sobre los pueblos indígenas aún en la actualidad.
- Las violencias hacía las mujeres indígenas, y el extractivismo epistémico que sufrimos por parte de la antropología y demás poderes académicos.
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DECLARAMOS:
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, al genocidio y etnocidio de mas de 120 millones de hermanos originarios, y denunciamos que aún hoy se siguen desalojando violentamente a comunidades con la complicidad de los estados provinciales, el Estado Nacional, con el fin de convalidar el proyecto extractivitas beneficiando a las multinacionales y el Banco Mundial, perjudicando a nuestra Madre Tierra.
Que defender la tierra, el agua, la vida y la cultura ancestral es un acto de resistencia legítima frente a un modelo económico y político que prioriza ganancias sobre la vida de los pueblos originarios y la Madre Tierra.
ORGANIZAN Y CONVOCAN:
ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios)
Comunidad Kolla de Hurlingham.
Comunidad Kolla omaguaca
Coordinadora por el 12 de Octubre (año 2026)
ADHIEREN AL DOCUMENTO:
Comunidad Charrua Basquadi Inchalá y CO.NA.CHA.
Centro Cultural Indigena INALMAMA.
ÑUKEMAPU
Kollas de San Andrés (Orán) residentes en Bs. As.
Comunidad de Sikuris “Ayllu Sartañani, Comunidad levantémonos”
Comunidad de Sikuris del Arco Iris.
Pacha Runa.
Ycoyen Tusuy.
Cátedra Americanista de la UBA
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE PACHA, PUNTA QUERANDI.
LA TAMA—ESCUELA TALLER AYMARA.
Comunidad Qhapaj Ñan quechua aymara
Comunidad Tinkunaku Kolla de Merlo Buenos Aires
Comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi
Centro Cultural Wak´a Luna
Organización de escritores indígenas.
Identidad Marrón
Telesisa periodismo indígena
Consejo de amautas indígenas del Tawaintisuyu de Argentina.
Programa radial PACHA VIVA. Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Comunidad kolla los Airampos.