Persecución política en Argentina
(Comunicado) La Fiscalía PCyF 13 de CABA, a cargo de la Dra. Andrea Verónica Scanga, con la Resolución MPF01133681 determinó el archivo de la causa armada por Patricia Bullrich y reitera el pedido de investigación de delitos de acción pública y violencia institucional contra los hermanos Berrozpe, quienes denunciaron a Bullrich junto organismos de derechos humanos.
La causa armada con denuncias incongruentes de la realidad probada, por policías de la PFA a cargo de Bullrich, contra Gabriel Berrozpe, ex concejal de Quilmes, y a Guillermo Berrozpe, trabajador bancario, quienes fueron marcados y detenidos en el marco de la movilización de los Jubilados del 26 de febrero de 2025.
Gabriel Berrozpe, parte de la mesa nacional del Peronismo de la Soberanía adscrito al movimiento Derecho al Futuro que conduce Axel Kicillof, declaró:
“Esto refuerza las denuncias a Bullrich, que ya tienen curso en la justicia federal. Para muestra, sobra un botón, en Argentina hay persecución política, represión sistemática a las manifestaciones en ejercicio de derechos constitucionales, en reclamo de derechos humanos del presente, poniendo en jaque el estado de derecho y la esencia de la democracia. El presidente Javier Milei propaga el miedo y el odio, reprime para llevar adelante una política económica de ajuste y transferencia de ingresos de los sectores populares como los jubilados y médicos del Garrahan, para beneficiar a los sectores concentrados y transnacionales , a través de bicicleta financiera y más deuda que compromete el futuro de los argentinos”
G. Berrozpe, concejal mc
Berrozpe destacó que ese día…
“… escuchamos con claridad ‘agarren a Berrozpe’ y se nos abalanzaron numerosos efectivos policiales, fuimos golpeados con salvajismo y gaseados; ya reducidos en el piso, nos secuestraron por seis horas en un camión de la PFA, nos acusaban de nuestra militancia en el peronismo, hasta que justificaron esta aberración con una denuncia falsa armada ad hoc y nos llevaron a la alcaldía hasta el día 27. Ahora nos reconocen como víctimas de violencia institucional, pero lo grave es que estos delitos de acción pública son política de estado con el protocolo y el nuevo decreto 383/2025 Bullrich y Milei, anticonstitucional. Por eso, lo denunciamos y coincidimos con la Fiscalía que debe investigarse su responsabilidad”
El material audiovisual aporta claridad con respecto a que pese a que los manifestantes estaban de forma pacífica en la Plaza del Congreso, fueron marcados y atacados con salvajismo por numerosos policías con palos, gases, golpes en el piso injustificados para ser secuestrados frente a las cámaras.
La Fiscalía resolvió:
- I.- ARCHIVAR el caso 1133681 de conformidad con lo establecido en los artículos 212 inc. D y 215 del CPPCABA.
- II.- En atención a la prueba aportada por el defensor, extráiganse testimonios y remítanse a la Fiscalía PCyF 19 Especializada en Violencia Institucional, toda vez que se advierte la comisión de figuras delictuales que en aquella dependencia se investigan.
