Laura González, concejal del Frente de Todos, iba a anunciar su alejamiento del bloque para formar uno unipersonal.
En la sesión de este martes se esperaba su definición. La edil abordó el tema en voz tenue y cautelosa, quizá por los acontecimientos duros que vive, anunció su deseo de separarse del bloque, pero lo dejó a consideración de sus pares.
Graves hechos
La concejal González y el padre de sus hijos, el referente político Ricardo Argüello del barrio La Paz, son los dueños del boliche Moog, de Av Tomas Flores y 894. El local fue saqueado e incendiado por familiares de un joven de 16 años que fue asesinado a metros del lugar, baleado desde un carro, por circunstancias que todavía no se esclarecieron. Se los señala a ellos como familiares del responsable de encubrir el asesinato, pero además por no haber permitido la entrada del menor, una vez baleado, para ser socorrido en el lugar. Argüello aseguro a este CIQ que la camioneta que llevo al joven a atender al UPA del Barrio La Paz, es de un amigo de sus hijos.
Jésica y Fernando, los padres de León, el joven asesinado, denunciaron que uno de los hijos de Argüello y Laura González, Hugo Argüello, funcionario en la delegación del barrio La Paz, amenazó, con arma de fuego a los testigos del asesinato de León, esa madrugada. Laura González informó que hay un detenido, asegura que no es el asesino, pero no puede dar más datos por recomendación del Juzgado.
Hoy, Moog se encuentra clausurado, los dueños, Argüello y González, pagaron una multa al Municipio, pero después de tres años siguen exigiéndoles papeles para habilitar. Tenían un permiso provisorio; así y todo, sigue la clausura municipal. Ellos entonces se preguntan si sufren una persecución política, y la preocupación es que son decenas de personas las que sufren esa clausura por estar sin trabajo.
En cuanto a lo judicial, quieren seguir en profundidad con la investigación de la muerte de León no sólo por una cuestión humanitaria sino porque a ellos les afecta lo que la familia del joven asesinado dice en los medios locales y nacionales, porque «no hay imputación penal sobre nosotros de ese hecho tan grave».
«¿Por qué no podemos trabajar?», se preguntan; quieren respuesta del municipio y que la intendente Mayra Mendoza pida informes por esa clausura que ellos consideran injusta e insidiosa.
Entregaron a este CIQ copias de sus presentaciones a los padres de León, por difamación, y ante el Poder Judicial.
