Entraron, aunque no robaron, a la casa de una importante activista que milita en lo que fue el Pozo de Quilmes. No es el primer caso.
Docente recién jubilada, la muy activa Viviana Buscaglia salió de una reunión del Espacio Quilmes Memoria Verdad y Justicia, como cada semana, aunque un poco antes. Halló su casa revuelta pero sin que le faltara nada: la cámara fotográfica nueva había sido sacada del ropero y dejada en el suelo, algo de dinero continuaba a la vista.
Llamó al 911; recibió a una patrulla; dejó entrar a la Policía Científica para que tomara huellas… pero en la Comisaría no pudo radicar la denuncia. Debió acudir en tres ocasiones porque recibía siempre alguna negativa, ya porque faltaba alguien, ya porque la derivaban a “horarios insólitos”.
La víctima confirmó los hechos a CIQ, aunque se manifestó incómoda con la exposición mediática.
Memoria Verdad y Justicia comparte edificio con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la Bonaerense, lo que fue la Brigada de Quilmes, un centro clandestino de detención en el Circuito Camps.
Por fin, previo a este fin de semana, Buscaglia se presentó ante la Unidad Fiscal, donde se corroboró que no estaba registrado el hecho. Fue con sus compañeros de la CTA de los Trabajadores de Quilmes, quienes manifestaron su preocupación ante lo ocurrido con la secretaria de Derechos Humanos de la entidad gremial, según confirmó a CIQ, Walter Ormazábal, de la Mesa de la CTA de los Trabajadores de Buenos Aires.
En un comunicado agregaron que “de larga trayectoria en el SUTEBA, Viviana tiene una fuerte vinculación al trabajo sobre DDHH con adolescentes y forma parte del colectivo que ha impulsado la creación de un sitio de memoria en el ex Pozo de Quilmes, cuestión que este año ha podido concretarse de manera parcial e integra parte del Consejo Administrativo del sitio”.
En efecto, Buscaglia es una de las docentes que ha impulsado clases especiales con invitados a las escuelas para comprender el genocidio argentino. Hasta logró que uno de sus grupos de secundarios en una escuela vecina a la casa de Jorge Bergés entrevistara al represor.
Este médico de la Policía Bonaerense, quien asistiera a partos clandestinos, contribuyera al robo de bebés y fuera condenado por el Poder Judicial, tiene su historial de aprietes en la ciudad; a veces mínimos, como enojarse con algún comerciante, pero otros más dramáticos.
Por caso, en el temprano 1987, el Círculo Médico de Quilmes debatió que no era ético tenerlo entre sus filas y, tras la aprobación de la moción motorizada por los doctores Ricardo Angelino y Justo Blanco –testigo en el juicio a las Juntas– el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata.
Angelino y su mujer vieron su auto incendiarse luego de que una bomba que funcionó mal no llegó a estallar en el motor. Blanco sí sufrió una explosión, que le partió la casa.
Una década después, Bergés quedó durante unas horas como víctima. Fue luego del tiroteo que padeció el 4 de abril de 1996 en lo que podría haber quedado como la primera venganza contra un represor, hasta que se supo que fueron los servicios de inteligencia. Así lo admitió el varelense Francisco Benzi, quien relató que integraba una Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) inventada por la División de Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal, autora de los disparos que buscaban desprestigiar la lucha por los derechos humanos.
Dos décadas más tarde, los militantes populares se reorganizaron en un Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia. Para recordar el 40° aniversario del Golpe invitaron a Estela de Carlotto a presentar el libro Laura, sobre su hija. Con ello, dieron el punto de partida a una serie de actividades cuya máxima expresión fue la recuperación del Pozo como sitio de memoria.
Poco después, en agosto de 2016, la madre de Buscaglia, recibió un llamado en el que le aseguraban tener secuestrada a Viviana, le exigieron dinero y amenazaron con que su nieta (dieron el nombre correcto) iba a serle enviada en “un cajoncito blanco”.
Aquella denuncia, si fue investigada, no llegó a ser esclarecida.
Esta vez, en pos de saber si el gobierno tenía algo para decir, CIQ consultó a José Estevao, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad administrada por el cocinero mediático Martiniano Molina (Cambiemos). Pese a recibir los mensajes por whatsapp, pasadas 24 horas, el funcionario no respondió.
A poco de asumir, Estevao había dicho –entrevistado en Raíces Ancestrales, por FM FAN– que la gestión de DDHH durante la Intendencia de Francisco Barba Gutiérrez (2007-2015) priorizaba a las víctimas de determinadas militancias mientras que la gestión suya se encaminaría a ser “menos parcial”.