Foto: Bisio y Mantecón Fumadó (captura A24)
(7) Una ex funcionaria del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), domiciliada en Quilmes, y otra ex directiva de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fueron detenidas por orden del juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación por las 90 muertes atribuidas al fentanilo contaminado elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
Habían sido detenidas el martes. Recuperaron la libertad bajo una caución real de $75 millones, que garantizaron con inmuebles; tienen prohibido salir del país.
La ex jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, fueron excarceladas este viernes por el juez federal Kreplak, luego de haber permanecido detenidas desde el martes en el marco de la investigación por la contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes.
Las dos ex funcionarias quedaron en libertad bajo una caución real de $75 millones cada una. En lugar de realizar un depósito de dinero, el juzgado aceptó propiedades como garantía. Mantecón Fumadó ofreció como respaldo una vivienda ubicada en Santa Clara, mientras que Bisio presentó un inmueble registrado a nombre de su hijo. Ambas entregaron sus pasaportes y quedaron sujetas a una prohibición de salida del país.
Qué se les imputa
Bisio y Mantecón Fumadó habían sido arrestadas a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, quien había solicitado sus detenciones para asegurar que se presentaran a declarar. Las indagatorias se concretaron esta semana y las dos quedaron acusadas bajo el artículo 201 bis del Código Penal, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión para quienes contaminen o envenenen sustancias medicinales cuando esa conducta deriva en muertes.
La investigación sostiene que ambas funcionarias habrían omitido tomar medidas que podían haber evitado la distribución de medicamentos afectados. Según la acusación, el 3 de enero de 2025 recibieron un informe elaborado a partir de una inspección en Laboratorios Ramallo, en el que se advertían irregularidades graves y se recomendaba detener la producción e impedir la circulación del fentanilo elaborado allí. Sin embargo, las medidas correspondientes se adoptaron más de un mes después.
Los fiscales Laura Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostuvieron que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”.
La referencia apunta a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último estaba a cargo de la elaboración de las ampollas de fentanilo que luego eran comercializadas a través de HLB Pharma. Ambas compañías pertenecen a Ariel García Furfaro, señalado como uno de los principales acusados de la causa y quien continúa detenido.
La nota previa
(6) Una de las mujeres fue arrestada en Vicente López, mientras que la ex funcionaria radicada en Quilmes se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial para quedar a disposición. Ambos procedimientos se concretaron en el marco del avance de la causa que investiga las responsabilidades por la distribución del medicamento adulterado.
A pedido de la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta, y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, fueron detenidas dos ex funcionarias que estuvieron al frente de la ANMAT y el INAME en el marco de la causa que investiga la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado, que provocó 90 muertes y dejó otras 41 personas lesionadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las exautoridades habrían omitido actuar pese a conocer las graves irregularidades detectadas en los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, donde se elaboró el medicamento. Los investigadores sostienen que esa inacción permitió que el fentanilo adulterado continuara siendo distribuido y utilizado, a pesar del riesgo que representaba para la salud pública.
La investigación determinó que los organismos de control habían detectado importantes deficiencias en los procesos de fabricación y calidad de los laboratorios, pero no adoptaron medidas preventivas como el retiro de los lotes, la prohibición de su comercialización o la emisión de alertas sanitarias. Para los fiscales, una intervención oportuna podría haber evitado la circulación del producto contaminado.
Las detenidas serán indagadas por delitos vinculados a la producción y distribución de medicamentos peligrosos, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en una de las mayores tragedias sanitarias registradas en el país.