El estudio local del abogado Hugo Icazati, defensor de un Sindicato, confirmó a este CIQ que ganaron el juicio contra la denuncia patrocinada de la dirigente opositora.
Por InfoGremiales
La denuncia había sido formulada por una empresa tercerizada que trabaja para la empresa ferroviaria estatal, con el patrocinio de la abogada y dirigente de Juntos Florencia Arietto. El Poder Judicial desestimó que hubiera delito en el reclamo gremial.
La Cámara Federal confirmó el cierre de una denuncia contra el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) por una protesta sindical en febrero reclamando el pase a planta permanente de sus trabajadores la empresa ferroviaria estatal.
La denuncia, presentada por Walter Néstor Petriz, titular de la empresa Líderes Consultores de Seguridad –con el patrocinio de la abogada y dirigente opositora Florencia Arietto– denunció a los referentes del sindicato por «amenazas coactivas».
El gremio reclamaba que «sus trabajadores custodios pasen a la planta permanente de SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado)», pero la denuncia indicaba que «SUTCA no cuenta con personería gremial» y «generó un riesgo en el vínculo contractual entre la firma» y la estatal ferroviaria.
Arietto redactó la denuncia por «la presunta comisión de los delitos de extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y entorpecimiento de medios de transporte».
En primera instancia, el juez Julián Ercolini rechazó la denuncia, decisión que fue apelada.
Ahora, la Cámara –con las firmas de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico– ratificó la desestimación.
El fallo descarta…
… que las manifestaciones efectuadas en el hall de la Línea Mitre en la Estación Retiro, en forma pacífica y sin que se requiriera la intervención policial, hayan obstaculizado la normal prestación del servicio y la libre circulación de los pasajeros. (…) Tampoco se ha corroborado que ello ocasionara un perjuicio económico a la prestadora.
La Cámara también descartó que las expresiones del secretario adjunto del sindicato, Gabriel Vargas, al dueño de la empresa, en las que le advirtió que si no accedía a conversar sobre la situación iba a «cortar las vías» hubiera constituido una amenaza.
«No generó en el querellante un estado de alarma o amedrentamiento sobre su ánimo», sintetizó el fallo.
