Las 62 Organizaciones Peronistas de Quilmes, Berazategui y Varela expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
Denunciaron en un duro comunicado que la iniciativa constituye un ataque directo al movimiento obrero organizado y advirtieron que permanecerán en estado de alerta y movilización permanente. Se manifestaron contra de la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, a través de una declaración difundida el 4 de febrero. En el documento, calificaron al proyecto como “regresivo” y sostuvieron que representa uno de los ataques más profundos contra los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales en la historia argentina.
Desde el espacio señalaron que la iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2025 y que sería tratada en sesiones extraordinarias del Senado, no implica una modernización del derecho del trabajo, sino un intento de desarticular el sindicalismo argentino y debilitar la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar en forma colectiva. Remarcaron que el verdadero objetivo de la reforma es dejar a los trabajadores “indefensos frente al poder económico concentrado”, fomentando la precarización laboral y la fragmentación sindical.
Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones es el impacto que tendría la reforma sobre la negociación colectiva por actividad, a la que definieron como la columna vertebral del movimiento obrero. Advirtieron que el impulso a los sindicatos de empresa busca debilitar a las organizaciones por rama, destruir los convenios colectivos y enfrentar a los trabajadores entre sí, facilitando el disciplinamiento patronal.
También denuncian una fuerte restricción al derecho constitucional de huelga, mediante la imposición de requisitos y sanciones que, según afirman, harían imposible su ejercicio efectivo. Alertaron sobre limitaciones al derecho de reunión y a la acción sindical dentro de los lugares de trabajo, así como sobre un desfinanciamiento deliberado de los sindicatos a través de cambios en el sistema de retención de cuotas y aportes.
Otro de los ejes del rechazo es la posible eliminación de la Justicia del Trabajo especializada y el debilitamiento del sistema de personería gremial, lo que —sostienen— derivaría en una mayor fragmentación sindical y en la pérdida de herramientas clave para la defensa de los derechos laborales.