La trama policial y judicial que impide conocer la verdad. La denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. A pesar de la gran cantidad de pruebas que vinculan a integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el hecho, la causa no tiene imputados. La actuación de las policías Bonaerense y Federal, de la jueza María Gabriela Marrón y del Fiscal Ulpiano Martínez abrieron el camino que lleva a la impunidad. Medidas de pruebas rechazadas sin fundamento, testigos amenazados y hostigados, detenciones y allanamientos sin orden judicial, policías que declaran como testigos sin informar su condición, testigos «plantados», producción de prueba sin control de las querellas e incumplimiento de la normativa y recomendaciones de los organismos internacionales. A un año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presenta un informe especial a los poderes del Estado. Además, junto a Cristina Castro y sus abogados, el organismo denunció a la jueza Marrón ante el Consejo de la Magistratura.
El 30 de abril del año pasado, Facundo Astudillo Castro fue visto con vida por última vez, junto a personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la vera de la ruta 3 cerca de la localidad de Teniente Origone. Es lo que último que se conoce con certeza. El 15 de agosto, su cuerpo fue hallado por pescadores en una zona de cangrejal de la ría del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo.
A un año de su desaparición seguida de muerte, la causa que tramita en la justicia federal tiene una importante cantidad de prueba testimonial y técnica que vincula a la policía bonaerense con el hecho. Hay al menos cuatro efectivos policiales identificados por sus intervenciones aquel día: todos ellos reconocieron haber estado en contacto con Facundo, sus testimonios fueron inconsistentes y ocultaron o borraron información.
El Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria –que interviene en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura como querella institucional– y la querella familiar coinciden en que la lectura integral de las pruebas del expediente refuerzan como principal hipótesis la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.
A pesar de la prueba ya existente, de los reiterados pedidos de los fiscales y las querellas para avanzar en la producción de prueba y en la concreción de otras medidas de coerción, la jueza federal Marrón obstruye cualquier intento por avanzar con la investigación y conocer la verdad.
A un año de la desaparición, en el marco del festival cultural que se realizará este sábado en Pedro Luro, la CPM presenta un informe especial dirigido a los tres poderes del Estado y a la sociedad bonaerense, sobre la causa: las pruebas, los allanamientos y objetos de Facundo secuestrados en dependencias y móviles policiales, las inconsistencias y contradicciones de los testigos aportados por la policía, las irregularidades en las actuaciones investigativas a cargo de la Policía Bonaerense primero y la Policía Federal luego, las estrategias de encubrimiento y protección policial, y la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La presentación del informe se realizará a las 16, con transmisión en vivo por las redes de la CPM. Participarán de la mesa junto a Cristina Castro, mamá de Facundo, el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de la CPM Nora Cortiñas, el secretario de la institución Roberto Cipriano García, la directora general Sandra Raggio y la directora de Litigio estratégico de la CPM y abogada de la causa Margarita Jarque. Fueron invitados los fiscales que intervienen en la actualidad.
Esta causa, como tantas otras donde las fuerzas de seguridad están sospechadas de la comisión de delitos de gravedad institucional, permite dar cuenta de la prácticas policiales habituales: “inventaron” y “plantaron” testigos, brindaron testimonios falsos, adulteraron pruebas, realizaron allanamientos ilegales, hostigaron testigos claves para que desistan de declarar, intentaron incriminar a familiares de la ex pareja de Facundo forzándolos a declarar que habían sido autores de su homicidio, amenazaron a los abogados querellantes.
Ocho causas
La situación es tan grave que hay ocho causas vinculadas a la investigación por la desaparición y muerte de Facundo: dos habeas corpus y dos investigaciones penales por las amenazas y hostigamientos a testigos, familiares, abogados de la familia y allegados del joven; otra investigación por adulteración de instrumento público por parte de un funcionario del Municipio de Villarino; una denuncia por falso testimonio de un policía que se presentó para desviar la investigación; otra denuncia por abuso de autoridad por parte de la Fiscalía Federal a cargo de Ulpiano Martínez; y, el octavo expediente refiere a la investigación por los restos sin identificar encontrados en la misma zona de la ría donde apareció el cuerpo de Facundo.
La denuncia a la jueza ante el Consejo de la Magistratura
Las maniobras de cobertura y encubrimiento no serían posibles sin participación de los actores judiciales que generan condiciones y garantías para la impunidad. Marrón instruye la causa desde el 7 de julio, cuando ante la evidencia que vincularía a la Policía bonaerense con la desaparición de Facundo, el expediente pasó de la justicia provincial a la federal.
Al principio mostró un trato debido a la víctima, las querellas y fiscales, pero cuando comenzaron a solicitar medidas que requerían mayor compromiso con la investigación –imputaciones, detenciones, medidas de prueba–, denegó lo pedido, desconociendo las pruebas colectadas respecto de la participación policial.
A esta altura, la actitud de la jueza Marrón ya causó gravámenes irreparables: su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, sus familiares y allegados, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales sin una argumentación sólida; lo que configura una protección de las fuerzas de seguridad, cuyos miembros son los sospechados.
La jueza fue recusada, tanto por las querellas como por los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolin, de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia. Para estas partes, la jueza perdió la imparcialidad; sus acciones expresan una idea clara: seguir como única hipótesis que Facundo se ahogó, desestimando cualquier medida de prueba que no se circunscriba a esa idea. A pesar de las graves irregularidades, en dos oportunidades, la Cámara Federal de Apelaciones la confirmó.
A un año de la desaparición, la CPM y Cristina Castro –representada por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparacio– denunciaron a la jueza federal Marrón ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño.
“No venimos a exponer una denuncia a la Magistrada por el contenido de sus sentencias, sino a exhibir que en las mismas demuestra un grave desconocimiento del derecho y la vulneración del mismo de manera arbitraria, lo que culmina en un mal desempeño, por obstruir el ejercicio de derechos fundamentales”.
La presentación al Consejo describe varias acciones de la jueza que explican la denuncia. Entre ellas, los actos de manifiesta arbitrariedad que se plasmaron en la decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por los fiscales y las querellas con argumentos que desconocían la prueba ya producida. En dos oportunidades, la Cámara terminó por aceptar y pedir que esas pruebas se produzcan.
En otro momento, en una resolución donde se debía expedir sobre el pedido de medidas de coerción real a través de un argumento jurídico, la Jueza se puso a reflexionar sobre la situación que está pasando la fuerza de seguridad ante el desprestigio y a defenderla:
“Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía… ser policías no los vuelve delincuentes”.
Afirmó que Facundo no ingresó al Puesto de Vigilancia de Teniente Origone porque “no hay registros de su ingreso”, entre otras apreciaciones que toma como certeras sólo con lo informado por la Policía e ignorando pruebas que dan cuenta de una actuación policial irregular e ilegal.
La denuncia suma otros hechos: la intromisión en la instrucción de los fiscales avasallando sus competencias, el incumplimiento de la ley de víctima –reiteradas veces puso en sospecha la palabra de Cristina Castro–, la denuncia al abogado, la filtración de información sensible del expediente a pesar de la obligación de velar por las condiciones de reserva y confidencialidad.
La jueza ignoró los señalamientos realizados por el Comité internacional sobre desaparición forzada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de las presentaciones realizadas por la CPM, ambos organismos internacionales emitieron recomendaciones para garantizar la oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación, y para que se garantice la participación de la víctima en todas las etapas de la instrucción. La jueza no cumplió nada de esto.
Las querellas ampliaron la denuncia en la Procuración General al Fiscal Ulpiano Martínez, que fue parte de la trama de encubrimiento e impunidad.
Al cumplirse un año de la desaparición, el entramado policial-judicial amenaza una vez más el derecho a la justicia y la verdad en un caso de gravedad institucional.
El Presidente de la Nación Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof recibieron y escucharon los reclamos de Cristina Castro y manifestaron su decisión de no encubrir a ninguno de los responsables.
El ministro de Seguridad Sergio Berni hizo todo lo contrario: en sus apariciones mediáticas sostuvo la defensa corporativa del accionar policial, avaló la cuestionada actuación judicial y reveló información sensible, incluso información que podría identificar a testigos de identidad reservada.
“… Los esfuerzos estatales no fueron suficientes en la búsqueda de verdad y justicia por Facundo. Los niveles de articulación o connivencia judicial-policial vienen a demostrar que las prácticas de este tipo continúan alojadas y naturalizadas en un sistema judicial que poco contribuye a la realización de la justicia y la reparación de los daños que el mismo Estado provoca”.
CPM
Huele a operación de los servicios.