El juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó este viernes las cooperativas que recibieron del municipio 535 millones de pesos. Durante los procedimientos, se secuestró documentación vinculada a los contratos investigados.
La jefa comunal está imputada por corrupción tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Quilmes. La investigación es por maniobra de desvío de fondos nacionales a cooperativas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios del municipio.
Después de que el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González imputó a Mayra Mendoza, Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler, la intendente sumó otro revés judicial. En el fuero federal de Quilmes, la fiscal Silvia Cavallo también pidió que sea investigada ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación en un depósito municipal de Ezpeleta durante el feriado del 1° de mayo.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura. Toda la documentación vinculada a diversos contratos ya se encuentra bajo custodia del juzgado federal. Además se secuestraron celulares que serán peritados.
No fue el único procedimiento realizado por el Juzgado en esta causa. La semana pasada el personal de Prefectura se llevó del municipio, todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la intendente y estados contables.
Cuando la fiscal Cavallo imputó a Mendoza, que sostiene ser víctima de una persecución política, solicitó que se investigue también a su subsecretario de Hábitat Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario.
Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación, son defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos.
Además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, la fiscal pidió que se intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
Habría, al momento, suficiente información que da cuenta de una serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios y ex funcionarios, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore en el exterior, a las cuales se derivaba el dinero desviado.
Cavallo sostuvo en su escrito que pudo constatarse “relaciones de funcionarios y empresas a través de bases de datos públicas”. A raíz de esa premisa, consideró que se debían investigar las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1° de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA desde 2020 y hasta comienzos de este año.
El listado de firmas radicadas fuera del país, son Borda Investments LLC, SCO Investments LLC y Raspa Investments LLC”. Según señaló la fiscal, estas compañías «se encontrarían asociadas a Mendoza, al ex secretario de Hábitat, Sebastián Roberto Raspa, y a un abogado y un empresario», todos imputados por ella.
La investigación se inició luego de la denuncia que el apoderado del municipio presentó por orden de la jefa comunal, pidiendo que se investiguen las acusaciones que se publicaron en el portal de noticias El Disenso.
Mendoza sostiene que las contrataciones se hicieron dentro de lo legal, cumpliendo cada paso administrativo.
Terrible chorra puro relato para la gilada alumna del maximo fugador de dinero a paraisos fiscales basta de estos kucas para la liberacion