La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó el recurso presentado por la cartera de Capital Humano dirigida por Sandra Pettovello, marca un nuevo revés judicial para el gobierno nacional. Esta resolución ratifica el fallo del juez Sebastián Casanello, que ordenaba la distribución de más de seis toneladas de productos alimenticios acumulados en galpones del Estado desde que Javier Milei asumió el poder.
Este fallo es el tercer intento fallido de Pettovello por revertir la orden judicial, revela la gravedad de la situación y la urgencia de la necesidad de distribuir estos alimentos a quienes más lo necesitan. La insistencia del Ministerio en mantener estos víveres almacenados, mientras millones de argentinos enfrentan la inseguridad alimentaria, resulta incomprensible y, francamente, inaceptable.
El dirigente social Juan Grabois, quien inició esta denuncia, ha sido claro y contundente en su denuncia: “El hambre es un crimen y ustedes son una banda que lo comete con premeditación y alevosía”. Estas palabras reflejan una realidad dolorosa que no puede ser ignorada: la inacción del gobierno en este asunto tiene consecuencias mortales.
El propio Gobierno ha tenido que admitir la existencia de dos depósitos con alimentos a punto de vencer, uno en Tafí del Valle, Tucumán, y otro en Villa Martelli, Buenos Aires. Esta admisión válida la denuncia de Grabois, y pone en evidencia la falta de gestión y planificación adecuada por parte del Ministerio de Capital Humano.
Es inaceptable que, en medio de una crisis alimentaria, existan toneladas de alimentos almacenados y a punto de expirar. Esta situación refleja una desconexión profunda entre las necesidades urgentes de la población y las acciones del gobierno. La distribución de estos alimentos no debería ser una cuestión de litigio prolongado, sino una respuesta inmediata y ética a la necesidad de los ciudadanos.
El fallo unánime de los camaristas Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, junto con los anteriores veredictos, refuerza la obligación del gobierno de actuar con celeridad y responsabilidad. La reiterada negativa de Pettovello a cumplir con estas órdenes judiciales no solo es una muestra de desprecio hacia el sistema legal, sino también hacia los millones de argentinos que padecen hambre y malnutrición.
La sentencia de la Cámara de Casación debe ser vista como un llamado urgente de atención. El Ministerio de Capital Humano debe abandonar sus intentos de mantener estos alimentos acopiados y, en su lugar, enfocarse en su distribución inmediata. La vida y el bienestar de miles de argentinos dependen de ello. Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia para aliviar el sufrimiento de aquellos que más lo necesitan.
