La diputada nacional Mónica Frade se refirió a la denuncia presentada por la Coalición Cívica para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores de LLA, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés en el acceso a esas líneas de financiamiento.
En diálogo con el programa Ir a Más, que conduce Gustavo Leocata por Radio FAN 103.9 FM, la legisladora explicó los alcances de la presentación judicial y sostuvo que su rol en el Congreso implica no sólo legislar, sino ejercer control sobre los actos de gobierno.
Al abordar la denuncia por los créditos otorgados a funcionarios del gobierno que conduce Javier Milei, Frade planteó una primera mirada ética:
“Estamos con un gobierno que decía que venía a eliminar todos los privilegios. La narrativa era terminar con todo, pero no está coincidiendo. Si hay una línea preferencial, nos están dando prerrogativas o facilidades que no le están dando ni a los laburantes, ni a los jóvenes profesionales, ni a los trabajadores del Estado”.
Además, advirtió sobre las condiciones de acceso:
“Las exigencias son tan altas que en general la gente no puede acceder. Y no nos olvidemos que los fondos no son de los funcionarios, sino de los ahorristas del banco”.
En esa línea, cuestionó el accionar del oficialismo:
“Venían a destrozar el Estado, lo denuestan todo el tiempo, y en el comportamiento estamos viendo otra cosa. Están usando el Estado. Yo creo que la están privatizando, pero no como uno imaginaba, sino llevándose la plata a los bolsillos”.
Desde el punto de vista penal, consideró que la situación debe ser investigada:
“Es necesario que se aclare cómo se dieron esos créditos y en qué consiste esa línea preferencial. Que haya una disposición firmada por autoridades del banco no significa que sea legal, porque puede haber abuso de poder”.
Señaló posibles delitos:
“Puede haber incompatibilidades, porque se han dado créditos al secretario de Finanzas, cuando el Ministerio de Economía controla a los bancos. El controlante y el controlado están haciendo una negociación. Eso es una incompatibilidad clara. También puede haber tráfico de influencias”.
En ese marco, cuestionó casos puntuales:
“¿Cómo puede ser que a una diputada con antecedentes penales le otorguen un crédito de 220 millones de pesos? ¿O que a alguien con un sueldo cercano a los 2 millones le den cerca de 300 millones? Hay muchas cosas que van a surgir de las carpetas de crédito y de las actas de directorio”.
Por eso, insistió en la intervención judicial:
“La Justicia no se puede hacer la distraída. La denuncia es porque la Justicia de oficio nunca actúa”.
Sin embargo, también expresó dudas sobre el accionar del sistema judicial:
“A veces parece que hacen la vista gorda o que el tema es superado por otro. Acá tenemos un problema adicional, y es que muchos funcionarios judiciales también están involucrados en la toma de estos créditos”.
En esa línea, cuestionó el funcionamiento de la Justicia federal:
“Comodoro Py funciona en tiempo real de quien esté en el poder. Yo logré que se tome indagatoria en una causa después de 13 años. Entonces funciona en una línea de confort de la que no sale”.
Respecto al futuro de la causa, indicó:
“Se sorteará el fiscal y veremos quién interviene. Esperemos que no sea uno que tenga antecedentes de demorar investigaciones, como es el caso de quien lleva adelante la causa LIBRA”.
Destacó la reacción social:
“La gente se está movilizando porque dicen ‘nosotros queremos esos créditos’. Incluso desde el propio Gobierno se instó a que todos los saquen, lo que genera contradicciones con otros discursos”.
También vinculó el tema con antecedentes recientes:
“Acaban de despedir a un funcionario por un crédito, lo que expone una contradicción interna. Y además están los antecedentes de los créditos UVA, que en muchos casos se volvieron impagables”.
Frade volvió a cuestionar el criterio de asignación:
“Si un director de un organismo saca un crédito de estos, es difícil suponer que estaba en situación de calle, cuando son créditos para primera vivienda”.
Sobre su vínculo con otros legisladores, afirmó:
“Me llevo con algunos muy bien, con otros es un trato respetuoso pero nada más, con algunos no tengo trato, pero no tengo problema. En general, a la Coalición Cívica nos respetan porque no es que denunciamos ahora a este gobierno y al anterior no lo denunciamos. Cuando aparece algo y creemos que debe investigar la Justicia, lo hacemos”.
En relación a su perfil dentro del Congreso, reconoció:
“Me tildan como ‘jodida’. Es la fama de cada uno que se va haciendo. Pero me tocó presidir una comisión muy complicada durante dos años y trabajamos muy bien. Yo respeto a todos, pero cuando tengo que decir algo lo digo”.
“Nuestra función es legislar, pero es también controlar, y creo que consta que eso es lo que hago en la Cámara de Diputados. A veces con cierta incomodidad, porque no es cómodo pedir que se controlen a los pares”.
En ese sentido, remarcó:
“Es el deber legal que tengo y mientras esté en la Cámara de Diputados no le voy a esquivar el bulto”.
Concluyó:
“Me parece que se nos ríen en un momento muy dramático para millones de argentinos que quieren acceder a una primera vivienda y no pueden. Es una verdadera cachetada, es indignante. Son depravados haciendo estas cosas”.