Por: Carla Lacorte (CeProDH) y Carlos Musante (PTS)
Este lunes 12 comenzó en los tribunales penales el juicio contra la oficial de la policía bonaerense Marina Guaquinchay Bogado, acusada de “omisión de evitar tormentos» en la Masacre de la Comisaría 1ª, en 2004, contra menores detenidos. El ministro Sergio Berni la había designado Secretaria de la Estación Policial de la ciudad el año pasado, pero la denuncia de los familiares de los chicos asesinados lo hizo retroceder. También como producto de la lucha hace días, uno de los policías condenados pasó de un régimen de prisión domiciliaria a la cárcel común. El nombre de Guaquinchay Bogado surgió en el juicio por la Masacre de la Comisaría de Quilmes, realizado recién en 2015. Allí varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada en el cordón de uniformados que golpeó con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo incendiado”. Pero el silencio cómplice de la Policía Bonaerense y el Poder Judicial habían evitado que se la identificara.
En 2017, tras ser citada a una declaración indagatoria, la mujer quedó imputada por el delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cinco años. El caso se elevó a juicio, pero sufrió varias postergaciones por la pandemia hasta que se estableció como fecha la de diciembre de 2022.
Ya siendo conocida la imputación que pesaba sobre Guaquinchay, la policía siguió revistando en la Bonaerense durante el segundo tramo del gobierno de María Eugenia Vidal y continuó en el de Axel Kicillof, incluso ascendiendo al cargo de subcomisaria.
En este marco, en junio de 2021 el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni designó a Guaquinchay al frente de la Secretaría de la Estación de Policía de Quilmes, no solo coronando una trayectoria de impunidad que atraviesa dos gestiones sino ejecutando una verdadera provocación al nombrarla en el distrito donde pesan sobre la agente semejantes acusaciones por hechos de tortura y muerte. El accionar es propio del jefe de una policía responsable de cientos de casos de gatillo fácil y torturas en las comisarías. Pero más aún, ningún funcionario del distrito de Mayra Mendoza repudió el hecho en aquella oportunidad.
Solo ante la acción decidida y la oposición de las mamás de los chicos víctimas de la Masacre y las organizaciones que las acompañan se logró frenar la medida.
Ahora, hasta el jueves 15 de diciembre, la mujer policía será juzgada por el Tribunal Oral 5 de Quilmes.
Las audiencias se llevarán adelante en un contexto muy especial, ya que hace pocos días los mismos jueces, anularon la prisión domiciliaria de la que gozaba el ex oficial Fernando Pedreira, condenado en 2015 a 16 años de prisión por la Masacre de la Comisaría Primera, y ordenaron su traslado a la Unidad Penal 9 de La Plata. El ex policía había violado en más de cien oportunidades el arresto domiciliario.
Pedreira es el único de los policías condenados por la Masacre de la Comisaría Primera que, recién ahora, va a tener que afrontar un régimen de cárcel común.
Una impunidad sin grietas
Es muy importante redoblar la lucha junto a los familiares de los chicos de la Masacre para que todos los responsables de los hechos sean juzgados y condenados a cárcel común y efectiva.
Mucho más teniendo en cuenta como actúa el régimen político con los policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
En 2012 las Madres de la Masacre descubrieron que Pedreira, que ya estaba exonerado de la Bonaerense, había sido incorporado a la flamante Policía Metropolitana del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El escándalo y la pelea de los familiares llevaron al gobierno del PRO a dar marcha atrás en su designación.
