A partir de la sojización, se multiplicó la fumigación con agrotóxicos en bidones plásticos no retornables. Las multinacionales que los venden no se hacen cargo de esos envases aun cuando la ley las obliga. Ya hay plantaciones de soja en Berazategui.
Se sancionó a 26 multinacionales
Bayer (dueña de Monsanto), Dow, Dupont y Syngenta son algunas de las 26 compañías que afrontan una sanción de 783 millones de pesos por no hacerse cargo de los envases de agroquímicos con los que se hacen multimillonarias.
Conocida la decisión gubernamental, las empresas salieron a operar contra lo que un funcionario definió como las multas ambientales “más grandes de la historia en la Argentina”.
El autor de la definición es Juan Brardinelli (UNQ), director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que depende del gobernador Axel Kicillof. Apunta a la evasión de la ley que contempla que el envase “debe ser recuperado por las empresas que venden y fabrican estos productos”.
Su contenido es tan tóxico que persiste hasta en un tres y cinco por ciento en envases aun lavados. Por eso, la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos prohíbe enterrarlos. Lo correcto es lavarlos, agujerearlos y acopiarlos en centros para reciclados.
Aunque el OPDS destaca que el año pasado sólo se recuperó el 8% de los envases de agroquímicos vendidos en Buenos Aires, las firmas del sector deslizaron en medios de prensa comerciales que “apelamos, porque las multas carecen de fundamento”.
Quién es quién
La cara visible de la responsabilidad social empresaria es el colectivo CampoLimpio, que dice ser “una organización que tiene como misión recuperar los envases de fitosanitarios en el campo; trabaja con las comunidades y las empresas, promoviendo el lavado de los envases, su reciclado y correcta reutilización. Su desafío es impulsar un cambio de hábito para el cuidado del ambiente y desarrollar un sistema de recuperación de envases que cubra el país”.
Al pie de su web https://www.campolimpio.org.ar/ adhieren CASAFE, CropLife y CIAFA.
- CASAFE es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes https://www.casafe.org/ que “representa a la Industria de la Ciencia de los Cultivos y a sus empresas socias. Atiende los requerimientos de la industria en temas como la promoción de buenas prácticas agrícolas y manejo responsable de los productos fitosanitarios”. Figura asociada a CropLife y a la Red de Buenas Prácticas Ambientales (BPA).
- CropLife International es el nombre en que devino la Internacional de 1967 que agrupó a las Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos, que pasó a ser Federación Mundial de Protección de Cultivos, hasta que a partir de 2001, pasó a representar al gremio de compañías agroquímicas. Para conocer algunos de sus nombres alcanza con dar vuelta el tercer naipe:
- CIAFA, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos; o sea, los que fabrican y distribuyen. Promueve “la integración entre la industria y el ámbito agropecuario”. Es dirigida por los representantes de cincuenta y cinco empresas, cuyo listado puede verse aquí
CIAFA es presidida por Eduardo Guido Tajada (Profertil), cuyo secretario es Segundo María Palazón (Bunge) y, la tesorera, Graciela Emma Taricco (Oleosol). Son revisores de Cuentas Miguel Angel Seara (Gleba) y Luis Beconi (Chemotecnica). Las vocalías están a cargo de Marco Eugenio Prenna (ACA); Javier Christian Wolodarsky Franke (Agrofina); Carlos Hugo Calvo (Red Surcos); German Deza Marín (Nutrien) y Manuel Javier Dieguez (Tecnomyl).
Hay un vocal suplente por YPF, cuyo nombre no fue difundido por la Cámara; no depende de ellos su designación.
En ese entramado de firmas y colectivos patronales que se apoyan unos a otros no debería extrañar que compartan la misma oficina en un edificio de alquilar:
Reconquista 661, 1º A es la dirección de CASAFE.
Reconquista 661, 1º A es la de CampoLimpio.
Reconquista 661, 1º A fue la dirección para un concurso de Futuros Líderes de BPA.
Al menos no comparten teléfonos, ni la oficina con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) que está en el 1°B.
Es que CampoLimpio surgió como respuesta a la ley 27.279/ 2016 (reglamentada en 2018) que les impuso implementar la recolección de los envases que ellos metieron en el mercado.
Ni las tres cuartas partes de las 107 empresas que crearon la fundación CampoLimpio, han presentado declaraciones juradas. Entre ellas están las dos docenas de firmas que acaban de ser multadas por el OPDS.
Amplitud del problema
La situación no es nueva ni se circunscribe a la pampa bonaerense, ni al país. Su incidencia en los cambios sanitarios mundiales debería ser revisada en estos tiempos de pandemia. No es descartable que la proliferación de enfermedades venga atada a los cambios en los ecosistemas de lugares que parecían lejanos antes de la globalización. Con esos agrotóxicos trabajados sobre alteraciones genéticas es posible que las fumigaciones acaben con la vida de alguna especie animal predadora de otra que, entonces, prolifera en forma desmedida hasta exportar contagios mortales como los que sorprenden a una sociedad que se desentiende de las consecuencias de sus hábitos de consumo.
Durante la última década, Entre Ríos hizo punta antes que la nación en sancionar hacia febrero de 2011, una ley (la 10.028) que establece en la provincia un tratamiento integral de los envases de productos químicos o biológicos (fitosanitarios). Esa ley ordenó la adhesión al Programa Agrolimpio diseñado y organizado por CASAFE.
De Entre Ríos era Fabián Tomasi, quien piloteaba un de los pequeños aviones que rociaba con agrotóxicos los campos de soja y padeció las consecuencias en su cuerpo, que terminó lleno de erupciones y deformidades que lo llevaron a la muerte en 2018. Su drama fue relatado por el periodista Patricio Eleisegui en el libro Envenenados (2017).
El autor da cuenta (en página 136) de los aprietes contra quien más investigó las consecuencias del agrotóxico Glifosato: Andrés Carrasco, científico del CONICET que enfrentó amenazas, campañas de desprestigio, censura en sus disertaciones y “hasta presentaciones de los abogados de la Cámara de Fertilizantes (CASAFE)”.
En otra provincia fronteriza con Buenos Aires, la empresa Ferroexpreso Pampeano enterró 400 bidones con agrotóxicos, algunos de ellos llenos, por lo que el gobierno de La Pampa la multó en 27 millones de pesos, ya que “no es la primera vez que actúa de manera dolosa; en dos oportunidades anteriores había sido sancionada por” infracción a la ley ambiental provincial 3195.
Antecedentes
En territorio bonaerense, son reiteradas las imágenes en los medios de prensa del interior que exhiben envases de agroquímicos arrojados al aire libre en basureros.
En otros casos, como en las afueras de Necochea hacia noviembre de 2017, insumió cinco horas incautar 3225 residuos fitosanitarios, según informaron la Fiscalía 30 de Roberto Mirada y el Juzgado de Garantías 2 de Aida Lhez, que constataron su quema a cielo abierto, además de lavado con pulverizador, lo que vulneraba la salud de alumnos del jardín de infantes lindante y la Escuela 4.
Estas son sólo muestras de las formas de deshacerse del portador del veneno: sumergirlos en un curso de agua, enterrarlos, tirarlos al aire libre o quemarlos.
Soluciones
Según el Ministerio de Agroindustria, se generan 17 millones de bidones vacíos cada año en Argentina, que pesan 13 mil toneladas. Su aprovechamiento más usual es el lavado en centros de tratamiento según la norma IRAM 12.069.
Una respuesta fue planteada desde la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) con la Municipalidad de Coronel Dorrego: diseñaron un reactor para quemar bidones y silobolsas hasta transformarlos en tercios de carbón fertilizante, combustible líquido, y gas.
Al respecto, hay otro trabajo académico de un graduado de la Maestría en Gestión Ambiental en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) una de las primeras universidades privadas de la Argentina. En su tesis de 2018, Diego Kavanas relata que trabajó más de dos décadas en una productora de agroquímicos y semillas. Destaca la labor del OPDS, que en 2014 emitió la resolución 40 que actuó como antecedente de la ley 27.279/17 de gestión de envases para fitosanitarios y pone énfasis en el concepto de “responsabilidad extendida del productor (REP)”, una nueva figura creada a partir de la ley.
En ello coincide el director del OPDS:
“Es responsabilidad de las fabricantes de agroquímicos proponer un sistema de recuperación de envases. Estas empresas ya contaminaban en otros países. En la Argentina tuvieron que esperar a que en 2016 se sancionara la ley; en el 2018 se reglamentara y, después, presentar el plan de adecuación. Vencidos todos esos plazos, sigue sin funcionar”.
Una parte de la solución es reutilizar el material en productos que no estén en contacto directo con el humano ni con alimentos (varillas, pallet, etc.). Una parte del problema es que termine en el circuito informal convertido en vasos, cubiertos, juguetes…
Para eso, primero hay que recolectar los bidones; luego, acopiarlos en Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT). ¿Quién los construirá? Brardinelli responde:
“Terminan construyéndolos los municipios, donde los productores pueden llevar sus envases, y las empresas autorizadas pueden retirarlos y reciclarlos. Hay 30 CATs en la provincia, sólo quince están operados por las empresas, el resto están fabricados por los municipios”.
Conocida la noticia de la multa multimillonaria, salieron a hablar varios actores agropecuarios. Desde Junín, por ejemplo, voceros de la Federación Agraria declararon al diario Democracia que “no tenemos lugar dónde llevar (los bidones) según la ley, los registrantes deben recolectarlos. Todavía eso no ocurrió. El año pasado hicimos gestiones para que CampoLimpio viniese”, pero fueron sólo dos veces, en octubre y abril.
A todo esto, hay que considerar que semejante movida se aplica sólo a los envases recogidos: un millón sobre trece que las empresas volcaron a la provincia en el periodo 2019-2020.
¿Cuánta gente y cuántos alimentos o cursos de agua están siendo contaminados por el 92 por ciento que falta? (Eso, sin hablar del problema de origen que es la fumigación).
Los empresarios lo calculan de otro modo. En declaraciones a Lara López Calvo, del diario El Cronista, fuentes de CampoLimpio tomaron el periodo 2019-2020 pero en comparación con los años previos. Tabulado desde ese punto de vista, el recupero de envases se cuadruplicó. Agregan que en lo que va de este 2021, triplicaron la recolección respecto al mismo período de 2020. Y culpan al Gobierno por no implementar el Sistema Único de Trazabilidad que determine cuántos envases están en el mercado y en qué provincias.
De todos modos, piden “diálogo” y conceden en tomar como modelo a Brasil, donde el porcentaje de recupero de envases es del 94% (una proporción inversa a la Argentina) pero resaltan que allá les llevó dos décadas arreglarlo.
Como opción a ese “diálogo” previo al “arreglo”, el gobierno bonaerense piensa encarar a las multinacionales contaminantes con otras herramientas: “se puede aumentar el valor de la multa, suspender la CUIT o la actividad comercial de las empresas”, deslizó Brardinelli ante Ariel Weinman, de Radio Gráfica.
Por lo pronto, en el último mes, ya firmó con el director de ARBA, Cristian Girard, un convenio de cooperación que prevé controles conjuntos –tributarios y ambientales– en establecimientos industriales, conjuntos inmobiliarios o zonas mineras. ARBA adelantó que brindará al OPDS la cartografía digital de la provincia e imágenes satelitales.
Si hubo alguien que empeñó los últimos años de su vida en investigar y difundir, con grandes dificultades, la peligrosidad de glifosato y otros agroquimicos fue el Dr. Andrés Carrasco, biólogo, nombrado en esta nota, fallecido en 2014. Denunció al propio Conicet cuando el organismo ocultó los estudios por él realizados, que en 2009 ya instalaban el glifosato como cancerígeno. Nunca se logró la prohibición de su uso, como de otros tantos venenos utilizados en el campo e incluso en las ciudades.
Exelente,que paguen los desastres Ambientales,y el dinero recaudado a la mejora de salud de los afectados por estos Asesinos.