En los ámbitos nacional, provincial o municipal, el periodismo independiente debe lidiar en sede judicial por una constante defensa de la libertad de expresión. De la suba de impuestos y los insultos para los medios a la arbitrariedad de los magistrados.
Tres casos –de orden nacional, provincial y municipal– exhiben situaciones que grafican la tensión entre el deber de informar y su interpretación judicial.
En la Ciudad Autónoma, el titular del Poder Ejecutivo Nacional no termina de evitar la querella planteada por Jorge Fontevecchia. En Córdoba, Hernán Vaca Narvaja es obligado a pagar las consecuencias por su singular cobertura del crimen de Nora Dalmasso. En el conurbano bonaerense, una funcionaria municipal presiona con expedientes judiciales contra los medios que informen del abuso seguido de la muerte de un bebé al cuidado del Hogar al que está ligada.
Fontevecchia vs. Milei
El 8 de abril, en declaraciones televisadas, el titular del PEN calificó a Fontevecchia como un “ensobrado” que “vive de la pauta” publicitaria y deslizó que podría reincidir como “quebrador serial”. La respuesta del titular del grupo Perfil fue una demanda por injurias.
Milei se confió en que “no había delito” al criticar a una figura pública, según argumentó su abogado, Francisco Oneto. La opinión fue compartida por el juez federal Sebastián Ramos, quien dictó un rápido sobreseimiento basado en “las implicancias que tiene la jurisprudencia referida a la protección de la privacidad y de la libertad de prensa, máxime cuando ello podría generar responsabilidad internacional”.
Ante la inevitable apelación, este jueves, la Cámara Federal porteña anuló aquel sobreseimiento. El camarista Eduardo Farah, de la Sala I, sostuvo que esa “resolución es nula, por extemporánea (prematura), confusa y genérica”; dictaminó apartar al juez por “haber anticipado opinión” y dispuso que otro magistrado tramitase la causa, ya que “la decisión apelada exhibe un vacío argumental que la priva de sentido, dogmática, por ende, arbitraria y, por ello, nula”.
Según Farah, el fallo de Ramos “revela una inconsistencia entre los argumentos empleados y el tenor de la decisión adoptada que la descalifica como acto jurisdiccional válido”.
El traspié gubernamental se da a la semana siguiente de adelantar que diarios y revistas tributarán 21 por ciento de IVA, cuando a comienzos de siglo se pagaba la mitad, para pasar en 2018 durante la administración de Mauricio Macri a ser exceptuados por ley, respaldada por una resolución de la Corte Suprema. El Estado, esa continuidad jurídica, entendía que así promovía el acceso a la cultura y la información.
Eco de un crimen
En Córdoba, el periodista Hernán Vaca Narvaja se enfrenta a un poder judicial lejano a la virtud incuestionable, como acaba de demostrar el beneficio de probation concedido al sobrino del senador Luis Juez, hijo de un legislador provincial, detenido hace cuatro años con 40 pastillas de la droga éxtasis.
Vaca Narvaja cubrió de modo destacable el crimen con connotaciones sexuales de Nora Dalmasso –en un barrio cerrado de Río Cuarto, hacia 2006– lo que incluyó la escritura de dos libros: Las cuatro muertes de Nora Dalmasso (2008) y Crímenes en espejo (2023).
A partir de su trabajo en ese caso de enorme repercusión mediática, fue querellado por el viudo y los hijos ante el fuero civil por “daño moral”, lo que provocó condenas en tres instancias entre 2013 y 2018.
En la primera, fue mandado a indemnizar al viudo Marcelo Macarrón y a sus hijos Facundo y Valentina, con el equivalente en pesos a 23 mil dólares. En la segunda, vio disminuido el monto a unos 7500 dólares, mientras que, por la última, sólo debía indemnizar a los hijos –ya que el viudo quedó imputado como autor del crimen– para lo cual el Tribunal Superior (TSJ) de Córdoba bajó el monto a cuatro mil dólares.
Vaca Narvaja fue en queja a la Corte Suprema, donde obtuvo dictamen favorable del procurador general Víctor Abramovich, “una pieza jurídica excelente que reivindica mi labor profesional y dice que de ninguna manera me metí en la vida privada de la familia, sino que reflejé la investigación judicial”, resumió ante una consulta de este medio.
Uno de los fundamentos del reclamo del periodista es que dos de los tres demandantes fueron imputados (el hijo Facundo también lo estuvo); el último absuelto en juicio fue el viudo, mucho tiempo después de la querella contra quien relató la investigación.
Vaca Narvaja eligió el camino escabroso de la independencia que lo llevó a denunciar a varias instancias judiciales de su provincia. Por caso, cómo el TSJ entregó un auto secuestrado de alta gama a una clínica donde trabaja la hermana de la vocal de ese Cuerpo, María Cáceres de Bollati, quien todavía integra la Sala Civil del TSJ que acaba de sumar otra denuncia contra tres miembros por prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, como puede leerse en la Revista EL SUR | Denuncia penal contra los supremos del cordobesismo
El periodista también le ha dedicado portadas con denuncias a otro cordobés, Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de la Nación que esta semana, rechazó su recurso de queja con la mera cita al artículo 280 del Código Procesal, una costumbre tan repetida como criticada.
“Aplican el 280, pero nunca con dictamen, porque el dictamen abre el recurso; ellos le pasan vista al procurador y él opina –resume Vaca Narvaja–. Entiendo que pueden compartirlo o no, ya que no es vinculante; lo que no pueden es desconocerlo. Me aplicaron el 280 casi cuatro años después de ir en queja y tres años después de un dictamen que me era favorable”.
Vaca Narvaja ya comenzó a recibir solidaridades en sus redes, donde consideró “monárquico” el uso del artículo 280 y planteó que esperaba “los repudios y la solidaridad de Adepa y Fopea”, mientras concitaba la del Círculo de la Prensa de Córdoba, entidad que retomó un planteo del caso de Eduardo Kimel: muchos años después de un crimen impune, el único condenado es un periodista.
“Absténganse de informar”
Otro Círculo de la Prensa, en nombre de trabajadores de Berazategui, Quilmes y Varela, escribió al fiscal general Marcelo Draghi sobre su interés en discutir con el Poder Judicial acerca de expedientes tramitados en esa Departamental que pretenderían silenciar publicaciones.
Los periodistas habían informado la muerte de un bebé de 8 meses, con insuficiencia cardíaca que, luego de reiteradas operaciones, fue llevado de urgencia a una unidad sanitaria por personal de un Hogar para menores en Berazategui. Luego trascendió que se investigaba un abuso sexual sobre esa criatura.
A partir de las publicaciones, varios sitios digitales comenzaron a recibir misivas con membrete del Hogar que exigían que se “eliminara toda mención hacia el mismo”. A la vez, trascribieron una “manda judicial”:
Juzgado de Familia 1 – Berazategui, exp. 12562, 17 de octubre de 2024: “Decretar la medida cautelar autosatisfactiva y prohibir a los medios de comunicación (…) informar, emitir opinión o someter a análisis “datos, cuestiones, exposición, difusión o divulgación de imágenes e información que permitan identificar a los niños, como también cesen en la difusión de imágenes e información que permitan identificar el domicilio del hogar, detalles de la investigación y se abstengan de comunicar, informar, difundir datos, circunstancias e imágenes correspondientes al Hogar Nomadelfia. Fdo. Dra. Silvana Patricia Leone, Jueza”. En igual sentido lo ha ordenado el JF 1 de Quilmes en expediente 140699; JF 3 de Varela en expediente 19851; JF 2 de Varela en expediente 127.644; JF 9 de Lomas de Zamora en expediente LZ-8886-2023.
Ningún medio fue notificado por comunicación judicial, las cartas son a título particular, sin firma, ni mención a un profesional del derecho. MAS SOBRE EL BEBE Y EL “ABUSO SEXUAL” – Centro Informativo Berazategui
El gobierno bonaerense intervino el Hogar, cuya comisión directiva integraban varios funcionarios varelenses. Una de ellas, la secretaria municipal de Desarrollo Social, Laura Vivas, tenía una prohibición de acercarse debido a denuncias por malos tratos sobre menores. Así lo explicó el año pasado Sergio Raimundo, director del Programa de Niñez de la Comisión bonaerense por la Memoria, quien brindó detalles al periódico Mi Ciudad.
Este mensuario es dirigido por Alejandro Suárez, socio de Fopea, Foro de Prensa que rechazó lo que entiende como “intento de censura”, a la vez que recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que el derecho a la protección de la privacidad y dignidad de la niñez no debe interpretarse de forma contrapuesta a la libertad de expresión. En este caso, la difusión se ha hecho salvaguardando la identidad y privacidad de los niños”.
Todos los periodistas saben que están sujetos a responsabilidades legales ulteriores por lo que pudieran expresar. Cualquier medida que impida ese derecho constituye censura previa y va en contra de los Pactos internacionales que desde hace justo 30 años están incorporados a la Constitución que legara un liberal como Juan Bautista Alberdi.
Muy esclarecedora su nota Moya.
Que prospere la defensa de la libre actividad de informar.
Hoy en día ser Periodista significa ser Patriota!