En el marco de la audiencia 64 del Juicio Brigadas, en el que se juzga a represores por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio en el sur del Conurbano, declaró María José Lavalle Lemos, hija de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle, nacida y apropiada en el Pozo de Banfield. Recuperó su identidad en 1987. También prestó testimonio su hermana María, quien pasó por un CCDyE porque fue llevada junto a sus padres.

La primera en declarar fue María José, hija de Mónica María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle. El 21 de julio de 1977 fueron secuestrados en José C. Paz, ella estaba embarazada de ocho meses. Junto con ellos fue secuestrada María (de un año y cinco meses) quien permaneció días desaparecida hasta que fue entregada a unos vecinos y se reencontró con sus abuelos.
Pudo saberse que Mónica, Gustavo y la pequeña María permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Luego, la pareja fue llevada al Pozo de Banfield. Allí nació María José, su segunda hija, a principios de septiembre de 1977, y fue entregada a una pareja e inscripta como hija propia. La Justicia, ordenó en 1986, una pericia genética y el 30 de octubre de 1987 se obtuvieron los resultados que confirmaron que era hija de Mónica y Gustavo. María José fue restituida a su familia y vivió desde entonces con su hermana y su abuela materna.
«Fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de San Justo, con mi hermana. Después de un tiempo fueron al Pozo de Banfield. Mi hermana es dejada en la casa de vecinos de mi abuelos, al tiempo nací yo. El parto fue ahí, según la que fuera mi apropiadora (Teresa González, que era sargento) y ella presenció el parto. Ni bien nazco, se queda conmigo y mi mamá fue trasladada en un vuelo. Me quedé a vivir con ella, no sabía toda la historia, y en el 85 las Abuelas empiezan a recibir denuncias y avanza la causa de apropiación. Es ahí cuando me localizan”.
Tenía 10 años cuando recuperó su identidad. “Después de un tiempo, tuve la sensación que siempre había estado con ellos, con mi familia”, apuntó. Contó como su apropiadora intentó esconderla para que no le pudieran hacer el análisis que confirmaría su identidad. “Nos mudábamos mucho”, precisó la mujer, al tiempo que comentó que incluso fue escondida en una quinta de un amigo de la sargenta, que era policía.
Ella estima que su nacimiento fue el 2 de septiembre de 1977, pero no tiene la certeza.
“Nos robaron el derecho a que nuestros padres nos críen, nos formen, nos eduquen, nos den su impronta del mundo. Fue adrede. Sacarnos eso era parte de su plan político, es una de las tantas consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, por eso me parece que la Justicia tiene que dar una condena severa porque son cosas que no cesan. Nos va a acompañar siempre y lo heredamos a nuestros hijos. Tienen que tener su condena y el ejemplo de que esas cosas no se pueden volver a hacer”

María Lavalle Lemos fue secuestrada junto a sus padres; contó al dar inicio al testimonio:
“Vivíamos en José C. Paz, en el barrio San Fernando, mis padres se mudaron en 1975 cuando dejan de tener participación activa en una organización política. Por diferentes relatos, se que la idea de ellos era formar su familia ahí. Comenzaron a tener una participación barrial, había pocas familias y tenían una relación muy fuerte con los vecinos, de realizar tareas solidarias”.
Luego, habló del “operativo muy violento” de la noche del secuestro (entre el 20 y el 21 de julio). “Somos llevados los tres a la Brigada de Investigaciones de San Justo, permanecemos los tres ahí hasta el 26 de julio, cuando yo soy devuelta y ellos son trasladados al Pozo de Banfield”, mencionó. Los represores llamaron a la casa de los abuelos y les dieron una dirección de encuentro para entregarla. “Me dejan en la casa de un vecino”, apuntó. Con el paso del tiempo, ella se acercó a hablar con este hombre y le contó cómo fueron las circunstancias pero teía, aún, “mucho miedo”.
El relato familiar indica que cuando llegó a la casa de los abuelos, estaba “ida, con la mirada perdida” y en “muy mal estado”. Con el tiempo, pudo “ir volviendo”.
Sobre el final, advirtió que tanto ella como María José se presentaron en 2015 como querellantes y la demora generó que “sea muy injusto”. Cuestionó que el caso tuvo “una instrucción larguísima y malísima”. “Una forma de que sea más justo es que esté cada vez más abierta la posibilidad de que éste vuelva a ser un juicio oral y público, se que se está yendo hacia eso pero me parece que tiene que acelerarse este proceso”, planteó.
También hizo foco en la cantidad de audiencias, en sintonía con los reclamos realizados previa a la feria judicial de enero. “Teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido, una audiencia por semana es que sea más injusto. Va a ser un juicio larguísimo”, reflexionó, al tiempo que remarcó que “hay un montón de casos que no entraron y se va a tener que volver a juzgar”.
El Tribunal aceptó el reclamo y explicó que recién se terminó de formar en agosto de 2019 y el proceso comenzó algunos meses después.
El juicio
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.
Fuente: Inforegión