La familia del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez y sus abogadas se reunieron el viernes 29 de abril en la residencia del Embajador de Estados Unidos.
La familia del ex intendente Francisco Gutiérrez se reunió con Robert Allison, consejero político, y Austin Richardson, responsable de derechos humanos. En el encuentro se evaluó con atención la marcha del juicio y del caso.
El Barba Gutiérrez, ex secretario de relaciones internacionales de la CGT, expuso el contexto social y político de Argentina al momento del asesinato y se refirió a las investigaciones de su hermano sobre un depósito fiscal lindante a la Comisaría 2a de Avellaneda. Gutiérrez también explicó la importancia de la labor que realizó la Comisión Investigadora de Ilícitos de Aduana de la Cámara de Diputados de la Nación, que vinculó el asesinato de su hermano con la causa de la “aduana paralela”.
La hija y la esposa de Gutiérrez se explayaron sobre el proceso de encubrimiento que llevaron adelante las policías Federal y Bonaerense después del crimen y los actos de intimidación que sufrieron investigadores, testigos y familiares. Las abogadas de la familia desarrollaron acerca de cómo esperan que avance el proceso.
Los funcionarios manifestaron su preocupación por lo sucedido y por el avance del proceso. Quedaron comprometidos en dialogar mientras continúe el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Testigos clave
En la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, continuó el debate que tiene al ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y al ex efectivo Francisco Mostajo como imputados del delito de «homicidio agravado por alevosía»
Este martes 3, dos hombres fortalecieron la hipótesis de la existencia de un plan para matar y encubrir el crimen:
- Luis Lofeudo detalló a quién pertenecía el depósito DeFiSA.
- Darío Nefle relató las torturas a que fue sometido para que se incriminara.
«Tuvimos dos testimonios muy importantes. Declaró el grupo de investigadores, que al principio estaba a cargo del subcomisario Jorge Piazza, asesinado por esta investigación, y quedó claro que Gutiérrez fue asesinado porque investigaba lo que se llamó Aduana paralela, y uno de los investigadores identificó a los dueños del depósito»
Lucía Extremera, abogada
Lofeudo, un investigador policial, precisó que el galpón era propiedad de Ernesto Gutiérrez Conte y Mario Grinschpun.
«Esto nos empieza a cerrar la hipótesis de que hubo un plan criminal para ubicar a Gutiérrez y matarlo. Mostajo y Santillán son los que le dan el tiro pero detrás hubo un plan de encubrimiento por investigar el depósito fiscal lindante con la comisaría.
También fue importante el testimonio de otro investigador que contó que Santillán se comunicó con él para ponerse a disposición e investigar el crimen del subcomisario. Es decir que el mismo asesino se puso a disposición para investigar el crimen con el fin de buscar información»
Extremera
La historia
En la madrugada del 29 de agosto de 1994, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la nuca en un vagón en la estación La Plata.
‘Chiquito’ Santillán, cabo de la PFA, estuvo imputado como autor del disparo, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».
En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.
«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ‘concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación’», precisó el CELS. La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.
En eso se está.